Una denuncia ante la Fiscalía cuestiona contratos del transporte sanitario público en Lanzarote y Sanidad defiende que son "correctos"

El sanitario José Torres, miembro de la comisión de Seguridad y Emergencias y Sanidad de la Plataforma del Municipio de Haría (PMH), ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de los juzgados de Arrecife en la que se cuestiona la legalidad de varios procedimientos relacionados con la contratación del transporte sanitario público para urgencias en Lanzarote y La Graciosa. El documento apunta a posibles infracciones administrativas y delitos vinculados a la gestión de contratos públicos.

Según el escrito, los hechos podrían estar relacionados con prácticas que vulnerarían principios básicos de la contratación pública, como la concurrencia, eficiencia y no duplicidad. Según Torres, la Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia.

La empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno Canarias y responsable de gestionar el transporte sanitario, tanto urgente como no urgente, en el Archipiélago, ha asegurado este martes que desconoce la citada denuncia y defiende que "los contratos en vigor son correctos".

Posibles contratos paralelos

Uno de los puntos centrales de la denuncia se refiere a la existencia de una nueva licitación para prestar servicio en La Graciosa, pese a que ya existía un contrato insular en vigor que, según el denunciante, cubría también esta isla.

Visita de Fernando Clavijo a La Graciosa

Ver galería

El documento sostiene que esta duplicidad podría ser incompatible con lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que limita la adjudicación de contratos paralelos cuando existe uno vigente para el mismo objeto y territorio.

Adendas y adjudicaciones bajo sospecha

La denuncia también pone el foco en la gestión de una adenda contractual en el municipio de Tinajo. En este caso, se señala que la prestación habría sido asignada a una ONG en lugar de a la unión temporal de empresas inicialmente adjudicataria.

Además, se menciona la firma de un nuevo contrato con esta entidad el 9 de abril de 2025, pese a que, según el denunciante, seguía vigente un contrato previo de carácter insular.

Dificultades para acceder a información pública

Otro de los aspectos recogidos en el escrito es la supuesta falta de acceso a documentación oficial, que el denunciante atribuye a la ausencia de colaboración por parte de administraciones públicas como el Ayuntamiento de Tinajo y el Gobierno autonómico.

Este hecho, según se expone, habría dificultado la recopilación de pruebas para esclarecer los hechos denunciados.

Posibles delitos y petición de diligencias

El documento concluye señalando que los hechos podrían tener relevancia penal, al apuntar a posibles delitos como prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación o tráfico de influencias.

En base a estos indicios, se solicita a la Fiscalía la apertura de diligencias para investigar lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades.

Asimismo, el denunciante manifiesta su disposición a colaborar con la Justicia aportando cualquier información adicional que pueda resultar relevante en el desarrollo de la investigación.

Suscríbete para seguir leyendo