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Canal Gestión Lanzarote anuncia acciones legales contra el Consorcio del Agua

La empresa Canal Gestión Lanzarote considera que la propuesta del Consorcio de extinguir el contrato carece de lógica jurídica y operativa, a pesar de haber presentado una oferta para ceder la concesión

Central de Desalación Díaz Rijo, sede de Canal Gestión Lanzarote, en Arrecife

Central de Desalación Díaz Rijo, sede de Canal Gestión Lanzarote, en Arrecife / La Provincia

Arrecife

La empresa concesionaria del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa, Canal Gestión Lanzarote, ha anunciado este jueves que activará "con la máxima contundencia, todas las vías legales oportunas para defender sus intereses, sin excluir ninguna jurisdicción o acción que proceda en Derecho", frente al Consorcio del Agua de Lanzarote (formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la isla).

La empresa anuncia esa decisión en un comunicado donde muestra su "más absoluta estupefacción ante la inaceptable actitud del Consorcio, carente del mínimo rigor exigible a una administración pública", después de que aquel iniciara un expediente para intervenir la concesión a la empresa.

"La compañía se halla perpleja al comprobar la voluntad de la Asamblea de proceder con la propuesta de extinción del contrato de los servicios del agua en Lanzarote y La Graciosa. Y más aún respecto a la opción de intervenir el servicio temporalmente", señala.

Para Canal, ambas acciones carecen "de toda lógica jurídica y operativa", en tanto que aún no ha recibido respuesta respecto al proceso, todavía abierto, para ceder la concesión a un tercero cualificado.

Canal Gestión busca una solución efectiva para las partes

Alega que ha buscado una solución ajustada a Derecho y "razonablemente satisfactoria para ambas partes, presentando una oferta que cumplía con las exigencias y requisitos fijados por el propio Consorcio".

La empresa aduce, por otra parte, que, a lo largo de doce años, mientras que Canal Gestión ha mantenido la prestación del servicio "a pesar de la obsolescencia de las infraestructuras heredadas, el Consorcio ha desatendido sus deberes más básicos como órgano de contratación".

Ni inversiones ejecutadas ni subida de tarifas

A ese respecto, recuerda que las infraestructuras hidráulicas son titularidad del Consorcio, "que se comprometió contractualmente a ejecutar unas inversiones que no se han llevado a cabo", y que además se ha negado a la subida de la tarifas del agua prevista en el contrato.

Subida que es un "derecho, además, expresamente reconocido y amparado por sentencia judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias", que ha generado ya una deuda de más de 40 millones de euros, según concluye la empresa.

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