Bronca en el Cabildo de Lanzarote por la pérdida de 20 millones de fondos europeos

El Cabildo de Lanzarote ha decidido avanzar hacia la vía judicial tras no recibir respuesta del Ministerio de Hacienda al requerimiento previo presentado para revisar la inadmisión de su Plan de Actuación Integrado, conocido como Plan EDIL. Este programa forma parte de la convocatoria de los fondos FEDER 2021-2027, una de las principales herramientas de financiación europea para el desarrollo regional.

El anuncio fue realizado por el presidente insular, Oswaldo Betancort, durante su comparecencia en el pleno de la corporación el pasado jueves 30 de abril, a petición del grupo socialista, partido que este lunes ha criticado la respuesta del mandatario insular.

Un expediente marcado por trámites y discrepancias

Según explicó Betancort, el Cabildo presentó su candidatura el 27 de febrero de 2025, una vez aprobada la Agenda Urbana insular, requisito indispensable para concurrir a esta línea de financiación europea impulsada por la Unión Europea.

Posteriormente, en marzo de ese mismo año, la Dirección General de Fondos Europeos solicitó la subsanación de determinados aspectos del expediente. El Cabildo asegura que estas correcciones fueron realizadas “en tiempo y forma” por los servicios técnicos.

Sin embargo, el proceso dio un giro el 1 de octubre de 2025, cuando el Ministerio dictó una resolución provisional de inadmisión. Ante esta decisión, la institución insular presentó alegaciones el 16 de octubre, defendiendo la validez de su propuesta.

Motivos de la inadmisión de la propuesta de Lanzarote

La resolución del Ministerio se fundamentó en un supuesto incumplimiento de la tipología de beneficiarios. No obstante, desde el Cabildo se considera que esta interpretación no se ajusta a la normativa vigente.

El presidente insular defendió que la institución cumple con los requisitos exigidos, al tratarse de una entidad local supramunicipal reconocida y acogida al régimen de grandes ciudades. A pesar de estas alegaciones, el Ministerio desestimó el recurso el 22 de diciembre de 2025, y confirmó la inadmisión de forma definitiva el 27 de enero de 2026, cerrando así la vía administrativa ordinaria.

Requerimiento previo y silencio administrativo

Tras la resolución definitiva, el Cabildo solicitó un informe a su asesoría jurídica, que recomendó presentar un requerimiento previo antes de acudir a los tribunales. Este paso se formalizó el 27 de marzo de 2026, con el objetivo de que el Ministerio revisara su decisión o reabriera el procedimiento.

Hasta la fecha, y transcurrido el plazo legal establecido, la institución no ha recibido respuesta, lo que se considera silencio administrativo. Esta situación habilita al Cabildo para continuar con acciones legales.

Preparación del recurso contencioso-administrativo

Ante este escenario, el Cabildo ya trabaja en la interposición de un recurso contencioso-administrativo, el siguiente paso en la vía judicial. Betancort subrayó que la corporación ha actuado “dentro de los plazos legales y siguiendo criterios técnicos y jurídicos” en todas las fases del procedimiento.

El presidente explicó que, tras agotar la vía administrativa sin respuesta, disponen de un plazo adicional para presentar el recurso ante los tribunales. “Estamos en plazo y agotaremos todas las vías legales en defensa del acceso a estos fondos”, afirmó.

Respuesta a las críticas políticas

Durante su intervención, Betancort también respondió a las críticas del grupo socialista, que había cuestionado la gestión del expediente. El presidente rechazó cualquier acusación de inacción y defendió que el Cabildo ha actuado con diligencia desde el inicio del proceso, incluyendo la presentación, subsanación, alegaciones y activación de las vías administrativa y judicial.

Asimismo, pidió rigor al abordar la cuantía de los fondos, recordando que se trata de una convocatoria competitiva a nivel estatal, y no de una asignación automática.

Importancia estratégica de los fondos FEDER

Los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional están destinados a impulsar el desarrollo económico, social y territorial de las regiones. En el caso de Lanzarote y La Graciosa, el Plan EDIL se plantea como una herramienta clave para ejecutar proyectos vinculados a la sostenibilidad, la innovación y la mejora de infraestructuras.

Desde el Cabildo se insiste en que la defensa de estos recursos responde a una prioridad estratégica para el futuro del territorio, más allá del debate político.

Críticas del PSOE a la pérdida de fondos europeos

El PSOE de Lanzarote ha responsabilizado directamente al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, de la pérdida de hasta 20 millones de euros procedentes del Plan de Actuación Integrado (EDIL), financiado con fondos europeos.

La portavoz socialista en la institución insular, Ariagona González, ha calificado la situación como resultado de una combinación de “incompetencia, falta de rigor y una interpretación equivocada” de las bases que regulaban la convocatoria.

Interpretación de la convocatoria

Según ha explicado González, el origen del problema radica en la forma en la que el Cabildo presentó su candidatura a los fondos vinculados al Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del periodo 2021-2027.

La portavoz sostiene que la institución insular optó por concurrir en la categoría de gran ciudad, una opción que, según las bases, exigía que la entidad supramunicipal estuviera acompañada por al menos un municipio con más de 75.000 habitantes. En el caso de Lanzarote, subraya, no existe ningún municipio que alcance esa cifra de población.

“Lo entendió todo el mundo menos el Cabildo de Lanzarote”, afirmó González, quien insiste en que el error no solo fue inicial, sino que se mantuvo pese a las advertencias posteriores.

Advertencias previas y falta de rectificación

De acuerdo con el relato del PSOE, la Dirección General de Fondos Europeos habría requerido al Cabildo para que corrigiera su solicitud, señalando de forma expresa el problema relacionado con la categoría elegida.

Sin embargo, siempre según la versión socialista, el grupo de gobierno insular decidió mantener su planteamiento inicial en lugar de modificar la candidatura para adaptarla a los requisitos establecidos.

“Les avisaron y les dieron la oportunidad de corregir, pero optaron por insistir en una tesis equivocada”, aseguró la portavoz, quien critica lo que considera una actitud de “improvisación” y “falta de autocrítica”.

Alternativas que no se habrían explorado

El PSOE también ha señalado que existían otras vías para acceder a estos fondos europeos. Entre ellas, concurrir como ciudad intermedia o mediante una agrupación de municipios bajo la figura de área urbana funcional.

En este sentido, González mencionó que el Cabildo podría haber articulado su candidatura junto a ayuntamientos como Arrecife, Teguise o Tías, lo que habría permitido cumplir con los criterios establecidos en la convocatoria.

“Había opciones viables, pero no se utilizaron”, afirmó, añadiendo que el problema no fue la falta de oportunidades, sino la elección de una categoría que no correspondía.

Consecuencias para Lanzarote y La Graciosa

La portavoz socialista ha advertido de que la pérdida de estos fondos supone un impacto significativo para Lanzarote y La Graciosa. Se trata, según explicó, de una financiación destinada a proyectos estratégicos que podrían haber contribuido al desarrollo económico, social y territorial de ambas islas.

“Estamos hablando de 20 millones de euros, una cantidad relevante que podría haberse destinado a iniciativas transformadoras para la ciudadanía”, subrayó.

Acusaciones de discurso victimista

Otro de los aspectos criticados por el PSOE ha sido la respuesta pública del presidente del Cabildo tras la inadmisión del proyecto. González acusa a Betancort de haber intentado presentar la situación como un agravio hacia Lanzarote, responsabilizando a la administración estatal.

“No fue una decisión arbitraria ni un ataque a la isla. Fue un error en la interpretación de las bases”, defendió la portavoz, quien considera que se ha tratado de desviar la atención sobre la gestión interna del expediente.

Petición de responsabilidades políticas

Ante esta situación, el grupo socialista ha solicitado que se asuman responsabilidades políticas dentro del gobierno insular. En concreto, González ha apuntado tanto al presidente como a la vicepresidenta responsable de planificación de proyectos.

La portavoz considera que la ciudadanía merece explicaciones claras sobre lo ocurrido, especialmente teniendo en cuenta la cuantía de los fondos en juego y su potencial impacto en el desarrollo insular.