Un juzgado de Lanzarote investiga el incendio que tuvo lugar en 2024 en el vertedero de Zonzamas

El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote exigió ayer lunes explicaciones públicas al presidente de la Corporación Insular, Oswaldo Betancort (CC), después de trascender la existencia de una investigación judicial relacionada con el incendio declarado en mayo de 2024 en el Complejo Ambiental de Zonzamas.

El consejero socialista Benjamín Perdomo cuestionó que el grupo de gobierno (CC-PP) haya mantenido en silencio durante meses unas diligencias penales que afectan al consejero del Área de Residuos, Domingo Cejas.

Según la información difundida por el representante socialista, el Juzgado mantiene abiertas actuaciones judiciales tras apreciar la Fiscalía posibles indicios de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el incendio ocurrido en las instalaciones de Zonzamas. Sin embargo, la causa fue archivada el pasado mes de marzo, señalan desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Posibles delitos medioambientales

La causa se tramitó en la Plaza Nº2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife, según el PSOE. Perdomo afirmó que el propio Cabildo habría aprobado la contratación de asistencia jurídica externa para la defensa de Domingo Cejas dentro del procedimiento judicial en el marco de las diligencias previas 163/2025.

El PSOE sostiene que la gravedad del asunto obliga al máximo responsable político del Cabildo a comparecer públicamente para aclarar cuándo tuvo conocimiento de la investigación y por qué no se informó de ello a la ciudadanía.

El incendio de Zonzamas obligó a activar el Plan de Emergencias Insular

El fuego se desató el 28 de mayo de 2024 en el Complejo Ambiental de Zonzamas y provocó un importante despliegue de medios de emergencia en Lanzarote. Las llamas afectaron a la celda de vertido y generaron una gran columna de humo negro visible desde distintos puntos de la isla.

Ante la magnitud del incidente, se activó el Plan de Emergencias Insular y participaron numerosos recursos de seguridad y emergencias. Entre ellos intervinieron efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Protección Civil, Guardia Civil, policías locales de varios municipios, bomberos del Aeropuerto César Manrique y un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias.

La dimensión del incendio generó preocupación entre vecinos y autoridades debido al impacto ambiental que podría derivarse de este tipo de fuegos en instalaciones de tratamiento y almacenamiento de residuos.

Críticas por la gestión política y la falta de información pública

Benjamín Perdomo considera que el aspecto más preocupante no es únicamente la investigación judicial, sino el hecho de que el grupo de gobierno del Cabildo no informara públicamente de la situación durante meses.

El consejero socialista reprocha además al ejecutivo insular que, en anteriores ocasiones, haya evitado asumir responsabilidades políticas escudándose en informes técnicos o procedimientos administrativos. En este caso, insiste en que la ciudadanía merece conocer qué medidas se adoptaron tras el incendio y si se revisaron las condiciones de seguridad y vigilancia del complejo ambiental.

Entre las cuestiones planteadas por el PSOE figura también la necesidad de aclarar qué evaluación interna realizó el Cabildo tras el incidente y si se introdujeron cambios en los protocolos de prevención y control de incendios.

La información publicada apunta además a que la Fiscalía habría tenido en cuenta documentación remitida por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), sobre hechos que podrían constituir un delito medioambiental.