La residencia de mayores de Tías tendrá un ‘marcaje’ sobre su gestión

El Cabildo de Lanzarote ha reforzado la supervisión de la residencia de mayores Amavir, en Tías, y ha corregido las deficiencias estructurales existentes, aseguró ayer el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña. El consejero compareció a petición propia en la sesión plenaria del Cabildo para informar sobre las actuaciones realizadas por la corporación en la residencia y las medidas impulsadas desde 2023 para corregir las deficiencias detectadas en el centro sociosanitario.

Durante su intervención, el consejero defendió que el grupo de gobierno heredó una residencia «en estado deficitario marcada por la falta de supervisión y por un contrato asistencial que había quedado desfasado respecto al perfil real de sus usuarios. Acuña recordó que el PSOE eliminó en el año 2020 la Unidad Técnica de Supervisión de plazas sociosanitarias, dejando durante cuatro años «sin control efectivo» el seguimiento del servicio.

«Cuando este grupo de gobierno recupera la unidad y vuelve a supervisar el funcionamiento de la residencia, aparecen deficiencias que llevaban años sin abordarse», señaló. Según Acuña, una de las primeras decisiones adoptadas por el actual grupo de gobierno fue recuperar y reforzar la Unidad Técnica de Supervisión, duplicando personal e intensificando inspecciones y visitas sin previo aviso a los centros sociosanitarios.

Asimismo, el consejero explicó que los informes técnicos reflejaban problemas relacionados con limpieza, mantenimiento, organización interna y falta de personal suficiente para atender un perfil de usuarios con un nivel de dependencia mucho mayor al previsto en el contrato original.

«El problema de fondo es que el contrato ya no tenía el músculo necesario para disponer de los profesionales que requiere actualmente el centro», señaló, y recordó que la mayoría de residentes presentan necesidades asistenciales de medio-alto requerimiento.

El consejero detalló que el Cabildo volvió a activar el expediente de modificación contractual para adaptar el servicio al perfil real de usuarios de la residencia, incorporando un modelo de medio-alto requerimiento que permitiera mejorar la atención y dimensionar adecuadamente los recursos profesionales. Marci Acuña recordó también que fue la corporación quien solicitó al Gobierno de Canarias la inspección del centro y quien abrió un expediente para esclarecer las incidencias detectadas y exigir medidas correctoras a la empresa adjudicataria.

Además, en su comparecencia a petición propia en el pleno, Acuña informó de que el órgano instructor del expediente informativo concluye que las medidas correctoras aplicadas han permitido «restituir el funcionamiento de la residencia con garantías adecuadas de atención y cuidado».

Entre las actuaciones desarrolladas desde 2023 -año del inicio del actual mandato político- destacan el refuerzo de personal, planes específicos de limpieza y mantenimiento, reorganización de servicios, incremento de inspecciones, reuniones con familias y trabajadores y programas de formación sociosanitaria.