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Aprobación definitiva y por unanimidad

El Consorcio del Agua rescinde el contrato con Canal Gestión

La Asamblea General del ente hace coincidir su decisión con el 13º aniversario de la firma de la concesión, el 1 de junio de 2013

Reunión de la Asamblea General del Consorcio del Agua de Lanzarote, celebrada ayer.

Reunión de la Asamblea General del Consorcio del Agua de Lanzarote, celebrada ayer. / La Provincia

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P. L. D.

Arrecife

La Asamblea General del Consorcio del Agua de Lanzarote aprobó ayer, por unanimidad, la resolución definitiva del contrato de concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en Lanzarote y La Graciosa. Con esta decisión culmina un procedimiento administrativo iniciado tras detectarse graves incumplimientos en la gestión de Canal Gestión Lanzarote.

La medida fue respaldada por todos los ayuntamientos integrados en el Consorcio y por el Cabildo de Lanzarote. Además de acordar la resolución contractual, la Asamblea aprobó también la futura toma de posesión de las instalaciones, bienes y medios adscritos al servicio, dando así continuidad al proceso de reversión para garantizar la prestación del suministro a la ciudadanía.

La fecha elegida para la aprobación posee un marcado carácter simbólico, ya que el 1 de junio de 2026 se cumplieron exactamente 13 años desde la firma del contrato de concesión suscrito entre el Consorcio del Agua y Canal Gestión Lanzarote, rubricado el 1 de junio de 2013. El presidente del Consorcio del Agua y del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, calificó la jornada como un momento histórico para la Isla. Según señaló, la decisión permitirá recuperar el control de un servicio esencial y comenzar la reconstrucción de un sistema que, a su juicio, ha estado marcado durante años por incumplimientos, falta de inversiones y continuos problemas de abastecimiento. Betancort destacó también la unidad institucional alcanzada durante el proceso y agradeció la colaboración de todos los alcaldes y alcaldesas de Lanzarote y La Graciosa.

El consejero de Aguas, Domingo Cejas, subrayó que la resolución del contrato responde a razones técnicas y jurídicas, y no a criterios políticos. Recordó que el expediente ha seguido todos los trámites previstos por la legislación y que cuenta con el respaldo expreso del Consejo Consultivo de Canarias, organismo que avaló la actuación del Consorcio y consideró procedente la finalización de la concesión. El procedimiento se inició formalmente el 6 de octubre de 2025, después de que se constatara la existencia de reiterados incumplimientos por parte de la empresa concesionaria. Conforme al contrato de 2013, se concedió inicialmente un plazo de tres meses para negociar una posible cesión de la concesión a un tercero.

El Consejo Consultivo de Canaria emitió un dictamen a favor de la resolución contractual por los incumplimientos

A petición de la empresa, dicho periodo fue ampliado por otros tres meses. Sin embargo, una vez agotado el plazo máximo de seis meses previsto contractualmente, el 6 de abril de 2026, no se alcanzó ningún acuerdo para la transmisión de la concesión, por lo que el Consorcio continuó la tramitación hasta su resolución definitiva.

La toma de posesión de las infraestructuras y demás bienes vinculados al servicio se hará efectiva una vez que la resolución sea notificada oficialmente a Canal Gestión Lanzarote y los servicios jurídicos del Cabildo certifiquen la recepción formal de dicha comunicación. A partir de ese momento se activará el proceso de reversión efectiva y la asunción del control de las instalaciones por parte del Consorcio del Agua.

Asimismo, se solicitará la colaboración de los ayuntamientos para facilitar la transición y garantizar que el servicio continúe prestándose con total normalidad. Paralelamente, se abrirá el expediente de liquidación del contrato para determinar los posibles daños y perjuicios derivados de la gestión de la concesionaria.

La decisión llega después de que el Consejo Consultivo de Canarias emitiera un dictamen favorable a la resolución contractual. El órgano concluye que los incumplimientos detectados presentan un carácter estructural y persistente, y que han provocado una grave perturbación del servicio público por las continuas incidencias en el abastecimiento, el incumplimiento del plan de explotación y la falta de inversiones comprometidas.

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