Molinos como la torre Eiffel: la Fundación César Manrique revela la dimensión de la eólica marina en Lanzarote

Los molinos eólicos marinos que prevé la ordenación del Ministerio para la Transición Ecológica para Lanzarote pueden llegar a tener una altura similar a la de la torre Eiffel, entre 247 y 260 metros de altura, y se instalarían a una distancia de apenas 1,7 a 1,8 kilómetros de la costa sur.

Así lo revela un informe sobre el desarrollo eólico terrestre y marino en Lanzraote, encargado por la Fundación César Manrique, que recomienda, como paso "necesario y urgente", realizar un estudio científico de las afectaciones sobre el entorno, flora y fauna, "para conocer el impacto global del negocio eólico".

El informe, al que ha tenido acceso EFE, se presentó este jueves en la sala José Saramago. Se titula 'Diagnóstico potencial del desarrollo eólico integral en las Islas Canarias y, en particular, en la isla de Lanzarote', y lo ha elaborado el Grupo de Bioeconomía, Recursos Naturales y Economía Ecológica de la Universidad de Santiago de Compostela, liderado por Rosa María Regueiro.

Este estudio analiza tanto el desarrollo de la eólica terrestre y las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) como la eólica marina, para la que en Lanzarote se establecen dos espacios de implantación a través de la zonificación POEM (Planes de Ordenación del Espacio Marítimo).

En general, el estudio considera que "ninguna transición energética puede considerarse verdaderamente justa en Lanzarote si implica deteriorar su paisaje, comprometer a quienes apuestan por un turismo sostenible, debilitar la pesca artesanal o poner en riesgo el patrimonio cultural y económico que históricamente ha definido la relación de la isla con el mar".

La legitimidad de la transición depende de cómo se haga

También señala que "la transición energética es irrenunciable" pero su legitimidad dependerá de cómo y dónde se hace y de que nadie pague un precio desproporcionado para que otros cobren el beneficio.

Pide que se siga el modelo danés, en el que la titularidad pública garantiza que se apliquen los beneficios sobre la sociedad de la isla.

En cuanto a la eólica terrestre, señala que antes de sacrificar suelo agrícola y paisaje, existe un orden de prioridades: repotenciar los parques eólicos existentes, promover la instalación "sensata" de fotovoltaica sobre los techos urbanos e industriales, aprovechar las zonas ya degradadas e impulsar comunidades energéticas locales.

Respecto a la marina, describe que las zonas propuestas se solapan con las áreas de mayor densidad de esfuerzo pesquero. El informe considera que "la flota artesanal es invisible en los mapas oficiales" y que la zonificación puede afectar a la reducción de un sector relevante, así como a la pesca recreativa y a actividades deportivas de alto nivel.

Lanzarote soporta el coste, el beneficio viaja fuera

En el modelo que se propone, a su juicio, no ha habido participación real: "Lanzarote soporta íntegramente los costes, tanto ambientales como territoriales y sociales, mientras los beneficios económicos viajan a otro lugar".

Se prevén molinos que pueden llegar atener una altura similar a la de la torre Eiffel, con un gran impacto visual, advierten los autores de este estudio.

"Los caladeros, la seguridad alimentaria, la cohesión de las comunidades costeras y el paisaje marino son bienes de interés general, no externalidades negativas del progreso. Deben ponderarse en igualdad de condiciones con los objetivos de descarbonización", dice el informe, que pide corregir esas zonas incorporando "datos reales procedentes de cofradías, organizaciones de productores pesqueros y diarios de pesca.

Un modelo de propiedad pública

El estudio propone crear Zonas de Uso Prioritario Pesquero (ZUPER) que dotaría a los caladeros esenciales de un nivel de protección real, y solicita que mientas no se corrija este aspecto, la tramitación de proyectos en zonas de alta sensibilidad especialmente "debe quedar en suspenso cautelar".

En cuanto a las recomendaciones, destaca la posibilidad de llevar a cabo un modelo de participación activa, de propiedad pública y que prime el respeto del territorio y la identidad de la isla.

"Los beneficios de explotación deberían quedarse en dicho territorio", afirma.

Los firmantes del estudio solicitan más participación desde la fase de planificación y que se conozcan los impactos previamente, para conformar un modelo que proteja "a la propiedad local para evitar cualquier tipo de actuación especuladora y consiguiendo que la capacidad instalada perteneciese a particulares, a través de cooperativas o de empresas públicas".