El TSJC confirma condenas de hasta 18 años de cárcel a la banda que asaltó una vivienda en Lanzarote haciéndose pasar por policías

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado en lo esencial la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas contra los integrantes de una organización criminal que, en enero de 2016, asaltó una vivienda en La Florida, en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote) simulando ser agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha informado este lunes la Oficina de Comunicación del TSJC. Durante el asalto, los autores sometieron al propietario del inmueble, José Antonio Perera, a una agresión de extrema violencia para obligarle a abrir una caja fuerte y sustraer objetos de valor.

La resolución, de la que es ponente el magistrado Antonio Doreste, desestima los recursos presentados por tres de los condenados y mantiene las penas impuestas por delitos de asesinato en grado de tentativa, robo con detención ilegal, tenencia de armas prohibidas y pertenencia a organización criminal. Las condenas ratificadas oscilan entre los cinco y los 18 años de prisión.

Un asalto planificado y ejecutado con violencia extrema

El alto tribunal respalda el relato de hechos considerado probado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y concluye que el ataque fue fruto de una planificación previa y no de una actuación improvisada.

Según la sentencia, cuatro de los acusados acudieron a la vivienda sobre las 08:30 horas del 18 de enero de 2016 haciéndose pasar por agentes policiales. Para ello simularon la realización de un registro relacionado con una supuesta investigación por blanqueo de capitales.

Una vez dentro del inmueble, los asaltantes maniataron al propietario de la vivienda y a su pareja. El objetivo era conseguir que el dueño abriera la caja fuerte de la vivienda para apoderarse de los objetos de valor que guardaba en su interior.

La víctima fue torturada durante dos horas

Uno de los aspectos más destacados de la resolución judicial es la gravedad de la violencia empleada durante el robo.

La sentencia recoge que la víctima principal fue torturada durante aproximadamente dos horas, sufriendo golpes continuados, fracturas en distintas partes del cuerpo, descargas eléctricas aplicadas en los genitales y otras agresiones calificadas por el tribunal como de especial crueldad.

Finalmente, los asaltantes lograron que el propietario abriera la caja fuerte, de donde sustrajeron tres relojes y diversas joyas antes de abandonar el lugar.

Las lesiones sufridas durante la agresión tuvieron consecuencias muy graves. El propietario falleció dos meses después de la paliza recibida.

El TSJC aprecia una organización criminal estable

La Sala considera acreditado que los acusados actuaban como una organización criminal estructurada, con reparto de funciones y capacidad para planificar de forma coordinada diferentes acciones delictivas.

La resolución destaca que el grupo contaba con una organización asentada en la isla y que preparó el asalto mediante tareas de vigilancia previa, utilización de disfraces para ocultar la identidad de sus miembros, alquiler de vehículos y empleo de distintos materiales destinados a inmovilizar a las víctimas.

En este sentido, el tribunal afirma que los integrantes del grupo se reunían y organizaban para preparar la ejecución coordinada de futuros delitos, lo que, a juicio de la Sala, justifica plenamente la condena por pertenencia a organización criminal.

Se mantiene la condena por asesinato en grado de tentativa

Uno de los argumentos planteados por parte de las defensas era que los hechos debían calificarse únicamente como un delito de lesiones.

Sin embargo, el TSJC rechaza esta interpretación y mantiene la condena por asesinato en grado de tentativa, al considerar que la intensidad de la violencia utilizada permitía apreciar la existencia de dolo homicida eventual, es decir, que los autores asumieron la posibilidad de causar la muerte de la víctima con su actuación.

Para el tribunal, la brutalidad de la agresión y el tiempo durante el que se prolongó la tortura evidencian la gravedad de los hechos y justifican la calificación penal realizada por la Audiencia Provincial.

Una estimación parcial de uno de los recursos

La única modificación introducida por el TSJC afecta a una de las personas condenadas.

La Sala estima parcialmente su recurso al entender que durante el juicio la acusación retiró el delito de pertenencia a organización criminal, por lo que no procedía mantener esa condena concreta.

Como consecuencia, se revoca exclusivamente esa parte de la sentencia y la pena asociada a dicho delito, mientras que el resto de las condenas impuestas a esta acusada permanecen sin cambios.

El tribunal considera que las penas son "benignas"

En su resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias realiza una valoración especialmente contundente sobre la gravedad de los hechos y sobre las condenas impuestas.

La Sala llega a afirmar que las penas pueden considerarse "benignas" si se comparan con la extrema violencia del asalto.

Además, pone de relieve los antecedentes penales de algunos de los condenados. En concreto, señala que uno de los acusados, condenado como cómplice, acumulaba once condenas anteriores, una de ellas por asesinato.

Respecto al considerado jefe de la organización, la sentencia indica que contaba con siete antecedentes penales, entre los que también figuraba una condena relacionada con ese mismo asesinato.

Un caso que marcó uno de los sucesos más graves ocurridos en Lanzarote

El asalto ocurrido en San Bartolomé en enero de 2016 está considerado uno de los episodios delictivos más violentos registrados en Lanzarote durante la última década.

Con esta resolución, el TSJC confirma la mayor parte de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas y respalda tanto el relato de hechos probados como la calificación jurídica de los principales delitos atribuidos a los integrantes de la organización.

La decisión supone un nuevo paso en un procedimiento judicial iniciado tras unos hechos que conmocionaron a la sociedad lanzaroteña por la extrema violencia ejercida contra las víctimas.