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Lanzarote refuerza la vigilancia contra los taxis pirata con sanciones de hasta 6.000 euros

El Cabildo intensifica la vigilancia para detectar vehículos que ofrecen transporte sin licencia, tanto en vía pública como por aplicaciones no oficiales

Miguel Ángel Jiménez, consejero de transportes y movilidad del Cabildo de Lanzarote.

Miguel Ángel Jiménez, consejero de transportes y movilidad del Cabildo de Lanzarote. / LP/DLP

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Briseida Viera

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El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa intensifica la vigilancia sobre los vehículos que realizan servicios de transporte sin autorización con el objetivo de combatir el intrusismo en el sector y evitar la actividad de los denominados taxis pirata.

El presidente insular, Oswaldo Betancort, asegura que la institución actuará con firmeza para impedir que estas prácticas afecten a la seguridad de residentes y turistas, así como a los profesionales que cumplen con la normativa vigente. “No vamos a permitir que el intrusismo ponga en riesgo la seguridad de nuestros residentes y turistas, ni que se dañe el sustento de las familias que cumplen estrictamente con la legalidad”, señala.

Estos vehículos no cuentan con las garantías exigidas al transporte autorizado

Miguel Ángel Jiménez

— Consejero de transportes y movilidad del Cabildo de Lanzarote

Las actuaciones del Cabildo se centran en localizar a conductores que ofrecen transporte de pasajeros sin licencia, tanto mediante recogidas en la vía pública como a través de servicios concertados por aplicaciones no oficiales o sistemas de mensajería como WhatsApp.

La institución insular trabaja en coordinación con las fuerzas de seguridad para detectar estas actividades y retirar de la circulación a los vehículos que operan al margen de la normativa de transporte.

El consejero de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, destaca que estos vehículos no cuentan con las garantías exigidas al transporte autorizado y advierte de los riesgos que asumen los usuarios que recurren a estos servicios.

Riesgos para los pasajeros y falta de garantías

“Estos vehículos carecen de cualquier aval técnico o de seguridad”, afirma Jiménez, quien recuerda que los coches particulares utilizados para estos servicios no están sometidos a las inspecciones específicas del transporte de viajeros ni cuentan con las mismas obligaciones que los operadores autorizados.

El responsable insular también señala que los pasajeros pueden quedar expuestos a problemas relacionados con el cobro, la ausencia de seguros obligatorios para viajeros y la falta de garantías sobre el estado del vehículo o la preparación del conductor.

Primer operativo conjunto en Arrecife

La colaboración entre la Inspección de Transportes del Cabildo y la Policía Local de Arrecife ya permite una primera intervención contra un conductor reincidente que trasladaba a un número de pasajeros superior al permitido en un vehículo particular.

Jiménez destaca que este operativo supone el inicio de una línea de trabajo coordinada para incrementar las inspecciones y localizar a quienes ofrecen servicios de transporte sin autorización reglamentaria.

Multas de hasta 6.000 euros e inmovilización del vehículo

El Servicio de Inspección del Cabildo recuerda que las actividades de intrusismo en el transporte pueden ser sancionadas, según la normativa canaria, con multas de entre 4.001 y 6.000 euros.

Además de la sanción económica, los agentes pueden proceder a la inmovilización inmediata del vehículo. Estas medidas se aplican de forma independiente a las posibles responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse en caso de accidente.

Defensa del sector del taxi regulado

La institución insular insiste en que el transporte clandestino supone una competencia desleal para el sector del taxi autorizado, cuyos profesionales deben cumplir con requisitos fiscales, seguros específicos de responsabilidad civil, revisiones técnicas y licencias obligatorias.

El Cabildo defiende que el control de estas prácticas busca proteger tanto a los usuarios del transporte como a los trabajadores que desarrollan su actividad dentro del marco legal establecido.

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