Corujo critica la contratación por 15.000 euros del abogado de Aldama por parte del Cabildo de Lanzarote para ir en su contra en el 'caso Sosa'

La secretaria insular del PSOE de Lanzarote y diputada por la provincia de Las Palmas, María Dolores Corujo, ha criticado la decisión del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, de contratar al abogado José María Choclán para presentar una querella en su contra en el 'caso Sosa'. La dirigente socialista sostiene que esta decisión responde a una estrategia de "persecución judicial" y cuestiona el uso de fondos públicos para este fin.

Las declaraciones de Corujo se producen después de que trascendiera la contratación del letrado, por un importe de 15.500 euros, para interponer una querella relacionada con este procedimiento.

Corujo vincula la contratación al archivo de la Fiscalía

La dirigente socialista considera que la decisión del Cabildo llega después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo decretara el archivo de las actuaciones derivadas de una denuncia previa.

En este sentido, Corujo asegura que el Ministerio Fiscal descartó la existencia de indicios penales en la denuncia presentada inicialmente ante la Fiscalía de Arrecife y sostiene que ese pronunciamiento desmonta las acusaciones formuladas contra ella.

Según manifestó, la contratación de José María Choclán constituye un intento de mantener abierta la vía judicial pese al archivo acordado por la Fiscalía.

Críticas al uso de recursos públicos

Corujo afirmó que el presidente del Cabildo está utilizando dinero público para impulsar una acción judicial que, a su juicio, tiene un carácter político.

En sus declaraciones, la responsable socialista sostiene que el contrato contempla el pago de 15.500 euros por la presentación de la querella y reprocha que la institución insular destine recursos económicos a esta actuación.

Además, recordó que, según su versión, el Cabildo ya cuenta con informes elaborados por sus servicios jurídicos, por lo que considera que la contratación de un abogado externo responde a una decisión política y no a una necesidad técnica.

Cuestiona el respaldo político a la contratación

La secretaria insular del PSOE también puso el foco en el procedimiento seguido para aprobar esta contratación.

Según indicó, la decisión habría salido adelante únicamente con los cinco votos de Coalición Canaria en el Consejo de Gobierno Insular, circunstancia que, en su opinión, evidencia que se trata de una iniciativa promovida exclusivamente por el grupo de gobierno y no de una actuación respaldada por el conjunto de la corporación.

Corujo interpreta este hecho como un elemento que refuerza su tesis de que la querella tiene una finalidad política.

Referencias a anteriores actuaciones judiciales

Durante sus declaraciones, la dirigente socialista recordó que la denuncia inicial impulsada por el presidente del Cabildo fue archivada por la Fiscalía y defendió que ese pronunciamiento acredita la falta de fundamento de las acusaciones dirigidas contra ella.

Asimismo, hizo referencia al abogado que representa a Coalición Canaria en la institución insular, aludiendo a su contratación como director insular y criticando el coste que, según afirmó, supone para las arcas públicas.

Acusaciones sobre la gestión del dinero público

En la parte final de sus manifestaciones, Corujo cuestionó el argumento de la defensa del interés público esgrimido, según señaló, por el presidente del Cabildo.

La dirigente socialista aseguró que la institución insular nunca abonó el sueldo de Sosa y afirmó que resulta contradictorio, a su juicio, justificar la contratación del abogado por la defensa de los recursos públicos mientras se destinan fondos al pago de servicios jurídicos externos.