Los ganaderos denuncian el acoso inmobiliario

El alcalde de la capital, Jerónimo Saavedra, reconoció hace una semana durante la I Feria Agroalimentaria de la capital que este municipio es el que más número de cabezas de ganado mayor (vacas) concentra en la Isla, algo que había que potenciar. Sin embargo, y pese al reconocimiento municipal, los ganaderos del municipio aseguran sentirse desamparados por un urbanismo depredador que les empuja fuera de los límites del municipio y, sobre todo, se sienten acosados por las inmobiliarias que pretenden edificar viviendas en zonas tradicionalmente dedicadas a la agricultura o la ganadería.

Las Palmas de Gran Canaria, según el censo del Cabildo actualizado a enero pasado, cuenta con 1.860 cabezas de ganado vacuno, un 16% de las 11.342 que hay en toda la Isla. Sólo le siguen de lejos a la capital, Gáldar, 1.261 vacas, y Telde, con 1.121. Las reses censadas en el municipio se reparten en 45 explotaciones ganaderas que se concentran en zonas rurales como San Lorenzo, La Milagrosa, Almatriche, Las Mesas o San José del Álamo. De ellas, unas 20 granjas son explotaciones casi familiares con menos de cinco animales cada una.

La capital también destaca en la crianza de gallinas ponedoras de huevos con 13 granjas en las que hay censadas unas 293.000 aves, muy lejos de las 189.900 de Ingenio, y las 138.900 de Telde. En la crianza de otras especies ganaderas como cabras (4.482 cabezas), ovejas (2.161) o cerdos (1.533), la ciudad ocupa puestos secundarios comparada con otros municipios de más amplia tradición rural.

ACOSO. A pesar de esta preeminencia ganadera, los granjeros no tienen motivos para estar contentos y alertan de que cada año cierran dos o tres explotaciones ganaderas de las 160 registradas en el municipio.

"Son las inmobiliarias las que más presionan a los ganaderos comprando los terrenos de sus alrededores con la esperanza de que se los conviertan en urbanizables, y cuando lo consiguen hostigan a los granjeros para que se marchen porque molestan a los nuevos residentes con los olores", explica Ricardo Ponte, asesor jurídico de la Federación de Asociaciones de Ganaderos de Gran Canaria (Fedegran) y colaborador de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Ponte acusa a las administraciones públicas, tanto al Cabildo como a los ayuntamientos, de "lavarse las manos" con la política ganadera, fomentando una dilatada burocracia que entorpece el camino hacia la legalización de la mayoría de las explotaciones que actualmente están en un limbo legal.

"Hay ganaderos que llevan esperando hasta seis años a que el Cabildo les dé la calificación territorial", señaló. Esa calificación territorial es sólo un primer paso al que han de seguir luego la evaluación de impacto ambiental y la petición de licencia municipal. "El Ayuntamiento capitalino no ha mejorado en el trato a las granjas pese a la nueva Concejalía de Agricultura y Ganadería y de hecho hay muchos ganaderos de la capital en serios apuros con sus explotaciones", aseguró el asesor.