'Caso Emalsa', aguas revueltas

Dieciséis años después de su venta (1993), el negocio del agua en Las Palmas de Gran Canaria vive pendiente de la Justicia. Catorce meses después (noviembre de 2008) de que la Sala de lo Contencioso del TSJC anulara el proceso de privatización llevado a cabo hace 16 años, que entregaba el poder de Emalsa a la UTE formada por las empresas Unelco y la francesa Saur, la sentencia no se ha podido llevar a efecto. Y ello porque hace nueve meses (abril de 2009), la misma Sala anulaba su propia sentencia porque olvidó valorar una prueba pericial aportada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces no se tienen noticias del TSJC acerca de Emalsa, la realidad muestra una sentencia dictada y anulada cinco meses después de su deliberación, y la privatización de Emalsa se ha convertido en un misterioso enigma.

1993. Emilio Mayoral (PSOE) acababa de sentarse en el sillón de la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria cuando se falló el concurso de Emalsa, la empresa de abastecimiento de aguas de la capital. Sobre la mesa tres propuestas: una presentada por la UTE Unelco-Saur, otra por Aquagest (en la actualidad Canaragua, perteneciente al grupo Agbar), y una tercera de la Compañía General de Aguas E., S.A. Pero la pugna real estaba entre las dos primeras.

El concurso había sido convocado por el tripartito que inició la legislatura en 1991 (PP-CDS-ICAN), pero ese pacto acabó como el rosario de la aurora y el PSOE, tras una moción de censura, colocó a Mayoral como alcalde tras el apoyo del Grupo Mixto, al que se unieron varios tránsfugas del PP. Y Mayoral se vio entonces con el concurso sobre la mesa de su despacho.

Un informe técnico firmado por José Miguel Veza Iglesias se convertiría en un documento fundamental para entender 16 años de incertidumbre. Primero porque sirvió de base para avalar la decisión del Pleno del Ayuntamiento celebrado el 22 de marzo de 1993, que adjudicaba el concurso público a la UTE Unelco-Saur por un periodo de cincuenta años, una UTE que posteriormente se convirtió en Saur-Sacyr tras la venta de las acciones de Unelco a Sacyr. Y segundo porque debido a un error de la Sala, el informe no fue tenido en cuenta a la hora de estudiar el recurso presentado por Aquagest y la sentencia que en un principio anuló el concurso y se lo entregó directamente a Aquagest, ahora lleva nueve meses en suspenso y pendiente de nuevo fallo. Las consecuencias son claras: 16 años después de haberse vendido, aún no se sabe si la privatización de Emalsa se hizo conforme a derecho.

1996. En realidad el concurso mediante el cuál el Ayuntamiento puso la mayor parte del negocio del agua de la ciudad en manos privadas fue anulado en 1996, también por una sentencia de la Sala de lo Contencioso, tras un recurso presentado por Aquagest en 1993. El pleno del consistorio había adjudicado la venta de acciones de Emalsa sin el obligatorio informe de la Intervención municipal, por lo que el TSJC anuló la compraventa y obligó a una nueva adjudicación del concurso. Para dar cumplimiento a esa sentencia, se tenía que elaborar el citado informe del interventor y volver a llevar al pleno la adjudicación. Además, en ese procedimiento se elaboró la pericial de Veza Iglesias, pero la Sala anuló todo el proceso porque no se había elaborado el informe del interventor.

2001. No fue hasta el año 2001 cuando se dio cumplimiento a la sentencia de 1996 y se volvió a adjudicar el concurso de venta de acciones de Emalsa, una vez el Tribunal Supremo la declaró firme. José Manuel Soria (PP) era entonces un consistente regidor tras llegar a la alcaldía en 1995. Se volvió a llevar a pleno la compraventa de acciones, en un ayuntamiento que gobernaba con mayoría absoluta el Partido Popular. Y volvió a ganar la UTE formada por Unelco y la francesa Saur.

Sin embargo, en 1993, la adjudicación había ofrecido dudas a Pepa Luzardo, que a la postre se convertiría en alcaldesa por el Partido Popular y que fue la única que permaneció en el partido tras el transfuguismo de varios de sus miembros cuando formaban el tripartito con ICAN y el CDS. La marcha de los concejales del PP del pacto entregó la alcaldía a Emilio Mayoral en 1993 y a mitad de mandato.

Fue también en ese año cuando Luzardo propuso que en Emalsa entrara también Aquagest con un 22 por ciento de las acciones, al entender que había presentado una oferta mejor que la de Unelco-Saur. Pero su propuesta no fue tenida en cuenta y el capital de Emalsa quedó distribuido de la siguiente manera: el Ayuntamiento mantenía el 34 por ciento y la UTE se hacía cargo del 66 por ciento restante de las acciones.

Ya con Soria como alcalde, la venta volvió a quedar como al principio, esto es, en manos de Unelco-Saur y la propuesta de Luzardo de 1993 (de incluir en Emalsa a Aquagest) ni siquiera se debatió al entenderse que en 2001, tras hacerse firme la sentencia de 1996, lo único que había que hacer era cursar el obligatorio informe del interventor y dejar las cosas como estaban.

2002. Aquagest volvió a acudir a la Justicia y tras la repetida adjudicación del concurso a la UTE Unelco-Saur, que luego se convirtió en Sacyr-Saur tras la venta de Unelco de sus acciones, presentó un nuevo recurso contencioso para que la Sala entrara a valorar el fondo del conflicto, es decir, si el concurso debió ser adjudicado a Aquagest en vez de a la UTE.

Aquagest (ahora Canaragua) mantiene firme sus convicciones de que tenía una mejor oferta. Su consejero-delegado, José Juan González Batista, espera que, más pronto que tarde, su empresa gestione el negocio del agua en Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, de haberle sido adjudicado el concurso en 1993, el Consistorio mantendría hoy el 51 por ciento de las acciones de Emalsa y no el 34 por ciento que le ofertaba la UTE.

Ese es uno de los puntos fundamentales de las dos ofertas presentadas. Cuando se produjo la venta (1993), Emalsa arrastraba un déficit de 1.831 millones de pesetas (unos 10,8 millones de euros), y tras la venta del 66 por ciento de la sociedad, por 3.102 millones de pesetas (más de 18 millones de euros), se acabó de golpe con el problema. Pero se perdió el control de la sociedad que sí le ofrecía Aquagest, al ofertar la compra del 49 por ciento de las acciones. Prefirió entonces el Ayuntamiento acogerse al refranero popular y poner en práctica aquello de más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Se equivocó?

2008. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC cree que sí, que cuando menos, el Ayuntamiento no tomó la decisión correcta. O así pensó la Justicia en noviembre de 2008, en una sentencia que tuvo como ponente al presidente de la Sala, Francisco José Gómez Cáceres, y que contó con el respaldo de los otros dos magistrados que deliberaron el caso, Javier Varona Gómez-Acedo y Jaime Borrás Moya.

El fallo, literalmente, anulaba la decisión del Ayuntamiento tomada en 1993 y otorgaba el concurso público de la venta de Emalsa directamente a la empresa de José Juan González Batista, Aquagest (ahora Canaragua, sociedad perteneciente al grupo Aguas de Barcelona). El lío estaba montado: 15 años después de la venta de Emalsa, ésta era ilegal.

Para llegar a esa conclusión, la Sala estudió dos informes periciales encargados por la propia Justicia, que analizaron las propuestas de Aquagest y la UTE formalizadas en 1993. Ambos coinciden en que el ganador debió ser, "sin ninguna duda", Aquagest. Además la sentencia añade que la oferta de la UTE Unelco-Saur, "no sólo no era la más ventajosa para los intereses públicos, sino que era manifiestamente perjudicial para los intereses generales".

Comenzó entonces el cruce de acusaciones entre la clase política que, de alguna manera, había participado en el expediente de Emalsa. Mientras, Aquagest insistía en que su único objetivo era conseguir el control de Emalsa: "Queremos cumplir con nuestra vocación de prestar servicios, porque no somos mercaderes", aseguraba entonces José Juan González Batista.

Emilio Mayoral (PSOE), se lavó las manos: "La privatización de Emalsa se llevó a Pleno al mes y medio de acceder yo a la alcaldía. Es por tanto un expediente que inició el tripartito que gobernaba la ciudad antes de ser yo alcalde. Un pacto, por cierto, del que formaba parte como edila Pepa Luzardo".

José Manuel Soria, tampoco se sintió culpable: "Es una desfachatez absoluta pedir responsabilidades al PP por el solo hecho de que siete años más tarde, siendo alcalde, yo tuviera que pedir el informe de la Intervención general que, no sé si deliberadamente o no, obvió Emilio Mayoral".

Ni Pepa Luzardo: "Esa sentencia pone de manifiesto que el PSOE no adjudicó un concurso público a la oferta más ventajosa para la ciudad, y por tanto son ellos quienes tienen muchas cosas que explicar sobre el asunto de Emalsa".

2009. La sentencia creó un enorme revuelo en la ciudad. Se pensaba que las consecuencias económicas en que podría derivar el fallo ascenderían a cifras astronómicas: indemnizaciones a la UTE por el perjuicio creado, indemnizaciones a Aquagest por el lucro cesante durante 15 años... un verdadero galimatías que, según el letrado de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Julio Cabrera, en un informe remitido a Jerónimo Saavedra, "no resulta tan sencillo su pacífica ejecución".

Pero llegó la sorpresa. El 29 de abril de 2009, la Sala de lo Contencioso notificaba un auto en el que anulaba su propia sentencia por no valorar el informe pericial de José Miguel Veza Iglesias: "Este Tribunal no puede sino pedir disculpas y admitir que ha habido en la sentencia una omisión causante de efectiva indefensión". El informe tiene 40 folios, pero nueve meses después, la Sala no ha dado señales de vida y el caso Emalsa está como en 1993. Y un empresario, José Juan González Batista, se mantiene firme y con un mensaje tatuado en el cerebro: "Emalsa me pertenece".