El Gobierno canario ha sido el encargado de pagar 927.000 euros de indemnización a los 27 vecinos del edificio Ferrer y Perdomo, que perdieron las vistas al mar al construirse el edificio de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Así lo aseguró ayer el presidente de la comunidad de propietarios del inmueble, Antonio Vega, quien añadió que los vecinos tuvieron que esperar más de 14 años para ser indemnizados por la irregularidad urbanística cometida en la época del socialista Emilio Mayoral.
Aunque la sentencia del Supremo obligaba al Gobierno canario y al Ayuntamiento capitalino a indemnizar, como "responsables soildarios" del perjuicio, el pago ha corrido a cargo del Ejecutivo regional y se produjo el pasado año. "Quien nos liquidó fue el Gobierno canario", sostuvo Vega, quien recordó que el Tribunal Supremo consideró que tanto el Ayuntamiento capitalino como el Gobierno canario era responsables de la irregularidad, el primero por la modificación realizada en el Plan General que autorizó a la Supercomisaría más altura de la permitida en la zona y el segundo por autorizar dicho planeamiento.
Este periódico intentó, sin éxito, aclarar si el Ayuntamiento ha aportado la mitad de los 927.000 euros al Gobierno canario, porque los responsables de Economía y de Urbanismo, Benito Cabrera y Néstor Hernández, eludieron responder a dicha cuestión. Vega señaló que los 21 vecinos afectados también por la Supercomisaría, que no denunciaron en su día, han iniciado un contencioso también para reclamar una indemnización.
"Ciegos"
Los vecinos se mostraron conformes con la compensación, aunque "hubieran preferido el parque previsto en lugar de la Supercomisaría. A muchos nos han dejado ciegos y sin vistas. Hemos aceptado la indemnización como mal menor, porque el juez aceptó nuestra tasación". Vega se mostró convencido de que pasará lo mismo con la Biblioteca. "Nosotros fuimos utilizados conejillos de Indias, pero luchamos y nos indemnizaron".
