El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rectifica y accede ahora a reducir las alturas del complejo de torres previsto en el proyecto conocido como Gran Guanarteme que de 13 alturas se quedarán en un máximo de diez plantas. La Concejalía de Urbanismo ha aprovechado las alegaciones presentadas a la adaptación del Plan General de Ordenación (PGO) para introducir esta modificación que cumple a medias con las reclamaciones vecinales que pedían que la altura máxima de las torres no pasara de las seis plantas.
Con esta reducción de alturas el Ayuntamiento también pretende acomodar el proyecto del Gran Guanarteme a la sentencia judicial que hace un año lo consideró nulo por ser demasiado alto y suponer un impacto visual para muchos vecinos que viven en La Minilla y alrededores.
El recorte de alturas forma parte de las 44 correcciones del nuevo PGO que se han admitido tras el último periodo de exposición pública fruto de las alegaciones presentadas por vecinos, colectivos e instituciones afectadas. El PGO se somete hoy a su aprobación provisional por la comisión de pleno de Desarrollo Sostenible antes de ser enviado al pleno y de ahí al Gobierno de Canarias para su validación definitiva.
Una de esas alegaciones fue la que presentó la asociación de vecinos Mirador del Atlántico contra el proyecto del Gran Guanarteme. Este colectivo reclama que se ejecute la sentencia que anula las torres de 13 plantas y que se limite la edificación a un máximo de seis alturas. Consideran los vecinos que el Ayuntamiento ha "burlado" a los jueces al cambiar la Unidad de Actuación del Gran Guanarteme anulada por la Justicia, por una nueva figura urbanística llamada Actuación de Dotación que mantiene los mismos 13 pisos que contemplaba el PGO en vigor, aprobado por el PP en 2005.
"Lo que nosotros pedimos es que se cumpla la sentencia porque se va a saturar el barrio", aseguró Valentín Labrada de Mirador del Atlántico. A pesar de que la construcción de las torres parece muy lejos en el tiempo porque su promotora, Fadesa, está en quiebra, los vecinos temen que el PGO dé cobertura legal al proyecto en el caso de que otra constructora quiera retomarlo.
