El concejal de Recursos Humanos de Las Palmas de Gran Canaria, Martín Muñoz García de la Borbolla, ejecutó ayer su propósito de poner coto a las horas extraordinarias indiscriminadas en el Ayuntamiento. En un extenso escrito, comunicado a todo el personal municipal a través de intranet, la red interna de la administración capitalina, advirtió no sólo del cupo máximo de 60 horas anuales por trabajador, sino también de que en caso de realizarse ese tipo de servicios de forma indebida, sin autorización, no sólo no se abonarían, sino que se descontaría el sueldo al edil responsable de la irregularidad.

En el documento interno, Martín Muñoz escribe que los concejales de área "no podrán autorizar la realización de horas extraordinarias que impliquen abono sin que, con carácter previo a su realización, recaben la preceptiva autorización de la Concejalía de Recursos Humanos", esto es, él mismo. El edil agrega que asumirá personalmente y la obligación de pago, con el objetivo de no contraer obligaciones "sin asegurar previamente la oportuna disposición del crédito".

Y es justo aquí donde el concejal de quien dependen los alrededor de 3.000 trabajadores municipales hace mención a las consecuencias para los concejales que incumplan sus directrices. "Toda propuesta que no se ajuste a lo expuesto será inmediatamente devuelta y en ningún caso será objeto de abono", advirtiendo por último que, al margen de lo anterior, se podría "delimitar la responsabilidad contable de quienes contrajeren obligaciones quebrantando los referidos límites".

Con esta medida, el gobierno municipal busca ahorrarse medio millón de euros -en 2010 el gasto total en servicios extraordinarios fue de 911.458 euros-, pero también impedir que haya trabajadores que compensen esos trabajos fuera de jornada con días libres, que en algunos caso se convierten en uno o varios meses de vacaciones, aparte de las convencionales, porque eso también cuesta dinero.