La Autoridad Portuaria trata de evitar la ruptura de la Sociedad de Estiba y Desestiba de Las Palmas (Sagep), la antigua Sestiba. El presidente, Luis Ibarra, aceptó ayer ante los accionistas estudiar nuevas fórmulas para afrontar el pago de los 18 millones de euros de la deuda histórica para evitar una larga judicialización del conflicto, y trata de amarrar a las navieras Acciona-Trasmediterránea y Armas, que anunciaron su marcha.

El expresidente del Puerto, Javier Sánchez-Simón, anunció tras la privatización de la empresa estibadora su intención de que toda la deuda pendiente de saldar recayera sobre las empresas privadas, a pesar de que contar con un 51% de las acciones.

Sin embargo, Luis Ibarra ha decidido paralizar este proceso de transformación que debía cerrarse ayer, atendiendo a la auditoría externa que se había encargado durante la privatización, con el fin de evaluar nuevas alternativas.

El cambio de postura pretende evitar que la nueva sociedad entrara en un largo proceso judicial, ya que hay empresas que impugnaron el acuerdo.

La deuda histórica asciende a 18 millones de euros pero, de momento, no se ha fijado quién asumirá los pagos, aunque ya existe un plan de viabilidad para sanear las cuentas. En cualquier caso, la Autoridad Portuaria no ha decidido si asumirá su parte proporcional de la cantidad, pero se da un margen para estudiar nuevas alternativas.

La medida pretende cerrar las cicatrices internas de la sociedad, tratando de rescatar a las compañías Acciona-Trasmediterránea y Naviera Armas.

Las partes intentan llegar a un entendimiento sin necesidad de alargar en los juzgados el conflicto, dándose un nuevo margen de negociación. El informe constata un buen equilibrio financiero de la sociedad, en el que se integran las empresas LMC (filial de Contenemar), La Luz Market, La Luz, Opcsa, y las citadas Armas y Acciona.