La Fiscalía ha cortado de raíz las fugas de larga duración de menores en situación de desamparo de los centros de acogida. Un protocolo activado en el mes de enero de 2011 a nivel autonómico incita a los directores de los lugares donde se alojan los menores a "ser consciente de sus obligaciones, asumir sus responsabilidades y darse cuenta de que su trabajo no acaba en poner una denuncia por desaparición", explica la fiscal delegada de Menores de Las Palmas, Montserrat García Díez.
Los responsables de los centros de menores que tienen contratadas plazas con las administraciones públicas "tienen que buscar a su tutelado porque está bajo su guarda legal y porque además recibe una asignación mensual por la plaza que ocupa ese niño", continúa García. En caso contrario, la Fiscalía podrá interponer contra ellos una demanda por un presunto delito de abandono de menores, una infracción que es castigada con penas de entre uno y dos años de prisión.
En el área de menores del Ministerio Público descubrieron en las inspecciones que la desidia de los cuidadores con respecto a jóvenes que se habían convertido en fugados de larga duración alcanzaba cotas insospechadas puesto que llegaban a estar "cuatro, cinco o seis meses desaparecidos", asegura.
"En ocasiones eran fugas con conocimiento del centro", afirma García. "El responsable de la institución, cansado de que se fugase, de traerlo y de llevarlo", daba permiso al menor en situación de desamparo para que abandonase el centro "y se limitaban a decirle: infórmame de dónde estás y con quién estás".
En la Fiscalía se han llegado a encontrar situaciones en las que "el menor tenía que ir a declarar y el director del centro -que no era consciente de sus obligaciones- decía que esta mañana lo había llamado para que viniese porque estaba viviendo con su madre o con su novio".
Doble situación de riesgo
"Si el padre o la madre de un menor está privado de la patria potestad de su hijo y hay una resolución de desamparo, hemos de entender que estar con el padre lo coloca en una situación de riesgo, algo que queríamos perseguir con la activación de este protocolo", explica García. "Y, en ocasiones, eran menores con trastornos de conducta en los que la fuga se convertía en una situación de doble riesgo por las circunstancias personales, psicológicas y físicas del menor".
El protocolo de actuación impele a los directores de los centros de acogida coordinarse con el Servicio de Atención a la Familia (SAF) para, además de interponer la denuncia de desaparición, buscar a la persona fugada de forma activa y a no desentenderse de su paradero, como sucedía en ocasiones. Esa medida ha provocado "un cambio radical" del panorama, destaca García. "A día de hoy no se ha dado ni una imputación por el delito de abandono de menores, pero hasta la entrada en funcionamiento de la medida, había muchos menores en situación de desamparo fugados durante cinco y seis meses".
Al problema que puede causar un joven fugado, cuya guarda y custodia pertenece a la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias, y que "se encuentra en una situación de desprotección si no nos preocupamos por él", se añade el de "la buena gestión económica de los centros", apunta.
Un elemento clave es conocer que las administraciones pagan a los centros una cuantía determinada por cada menor acogido. Si ellos se encuentran fugados durante varios meses, el centro está percibiendo una cantidad mensual "que no se está gastando en quien debería porque quien le está dando de comer, por ejemplo, es su padre quien, además, está privado de la patria potestad por no ser un buen padre", aclara la fiscal. "Si el centro no tiene tantos menores, debería recibir una asignación menor o mejorar el servicio para los demás. Si se tienen cinco y se te paga por doce, todo debería mejorar", concluye García.
