El departamento de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote se puso ayer en contacto con la Fiscalía de Las Palmas para activar los mecanismos legales encaminados a terminar con la situación de desamparo en la que vive desde hace meses Iván L. B., afectado por una discapacidad del 40 % por alteración de conducta.

El consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, aseguró ayer que es fundamental coordinar todos los recursos que existen para garantizar la asistencia sanitaria y social de este joven que permaneció durante más de ocho años, hasta su mayoría de edad, en diferentes centros de acogida.

"La Fiscalía tiene que valorar si la situación de este chico es susceptible de modificar su capacitación personal, es decir, si un juez establece su internamiento en un centro contra su voluntad o queda bajo la tutela de una tercera persona", señala Acuña.

El consejero de Bienestar Social destaca la complejidad de este caso "dado que, por lo que sabemos, Iván se niega por ahora a acceder a los recursos de las distintas instituciones". No obstante, está previsto que en los próximos días acudan hasta La Graciosa técnicos de Servicios Sociales para entrevistarse con este joven para convencerle de que existen muchos recursos a los que puede acceder en beneficio de su salud.

"Lo que está claro es que hasta el momento Iván tiene una serie de necesidades sanitarias que no está cumpliendo", afirma el consejero.

La propia Fiscalía también ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Las Palmas, que tramita el expediente de incapacidad de Iván, que proceda a su internamiento cautelar en un centro adecuado para tratar su enfermedad.