El sindicato Anpe atendió el pasado año a más de un centenar de docentes en Canarias -117, en concreto- que buscaban ayuda ante los insultos y las intimidaciones de los alumnos y las amenazas de los padres. La organización volvió ayer a reclamar al Ejecutivo canario la creación de una ley que eleve al docente al rango de autoridad pública como ya existe con otros funcionarios públicos y agentes en el Código Penal. De momento, sólo dos comunidades autónomas -Madrid y Valencia- cuentan con una ley de este tipo.
Los 117 casos contabilizados se produjeron en centros públicos y en las enseñanzas no universitarias. De las denuncias presentadas al Defensor del Docente, 65 de las mismas correspondían a agresiones de alumnos a docentes, 36 a conflictos con los padres y 16 derivadas de problemas del profesor con los equipos directivos. Sólo dos profesores se atrevieron a llevar su caso ante la Justicia. Ambos están a la espera de sentencia.
La responsable de Anpe en Canarias, María Perera, explicó que, aunque el pasado mes de mayo se aprobó en la comunidad un decreto que regula la convivencia en el ámbito educativo, éste siempre habla de las medidas a tomar para evitar la conflictividad, pero no de las acciones para resolver este tipo de agresiones.
"Aunque es positivo no es suficiente porque no se soluciona uno de los principales problemas que tienen los docentes y es la indisciplina, la falta de respeto de los alumnos y el que su palabra no tenga valor", dijo.
El sindicato Anpe indicó que lo único que se consigue con la impunidad de estas acciones es el silencio de los docentes y el seguir fomentando conductas inadecuadas entre los alumnos que se expanden como "cuando se tira una piedra a un estanque" en los centros.
"El silencio no beneficia a nadie. La conflictividad sólo va en decremento de la educación; algo muy relacionado con el fracaso escolar y de lo que sabe muy bien esta comunidad. Nada debe quedar impune porque cualquier situación de este tipo es una onda expansiva en el entorno del centro. El profesor debe ser un referente para el alumno. Si a éste se le puede humillar, ¿qué autoridad le puede quedar?", añadió Bernardo Huerga.
El sindicato Anpe señaló que las quejas al Defensor del Docente, que lleva funcionan-do en Canarias hace tres años, han crecido en más de un 15 por ciento aunque achacaron ese incremento más a que el profesorado conoce más este servicio -que presta ayuda psicológica, administrativa y judicial- y se anima a buscar ayuda que al aumento de la conflictividad en las aulas.
