El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el pleito con una familia de Las Torres que afectaba a parte de los terrenos que separan el barrio de Siete Palmas con la avenida Juan Carlos I, planificada por la corporación como una travesía de dos calzadas con tres carriles cada una, pero que se reduce a un solo vial en el sentido bajada. Con esta resolución, la administración municipal podrá terminar las obras, iniciadas hace una década, y terminar la actuación.

El TSJC respalda los argumentos del Ayuntamiento a la sentencia que fue fechada a 23 de diciembre de 2011 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que desestima el recurso de apelación de los propietarios de los terrenos del Polígono 2 del Sector Las Torres contra el expediente de expropiación forzosa para la ampliación de la conexión Las Torres-Siete Palmas.

Con esta resolución, según el Ayuntamiento, se podrá en un plazo aproximado de dos meses dar continuación a la ampliación de la vía de conexión Las Torres-Siete Palmas que permitirá la mejora de los accesos a la zona comercial del entorno de la avenida Pintor Felo Monzón y el aumento de la capacidad de la vía, que sufre desde años un estrangulamiento a la altura de la conexión. El gobierno municipal cree que de esta forma se responderá "a las demandas de vecinos y comerciantes que pedían desde hace tiempo una solución para evitar los problemas en el tráfico" y dar "más facilidad en los accesos al centro comercial, el Estadio de Gran Canaria y la zona residencial".

El fallo tiene carácter de firme, contra el que no cabe recurso, apunta la corporación, que subraya que se desestima el recurso de apelación presentado por los propietarios de los terrenos contra la sentencia de 9 de septiembre de 2010 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en la que se desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución del consistorio del 30 de abril de 2009, cuando se produjo la aprobación definitiva del expediente de expropiación forzosa por el trámite de tasación conjunta.