El Ayuntamiento de la capital grancanaria ha iniciado los pasos para revisar el Plan de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Triana y Vegueta, con el objetivo de cambiar la catalogación que hoy tienen muchas viviendas de la zona para dar vía libre a la instalación de locales de ocio y restaurantes, así como de comercios y otros actividades económicas en aquellos que hoy no lo permiten. El casco histórico tiene un total de 600 edificios catalogados desde 1990 y los que tiene mayor protección no admiten restaurantes, discotecas ni locales de ocio. Algunos de ellos, en los que la protección es muy alta, ni siquiera admiten la actividad comercial o administrativa, salvo que los negocios estuvieran funcionando en el momento de la catalogación. Y lo mismo ocurre con los bares.

La finalidad de la revisión, según explicaron ayer fuentes municipales, es realizar un nuevo catálogo que "busque un equilibrio entre la protección de los inmuebles y los usos para reactivar la economía" y revitalizar Vegueta y Triana. La comisión de pleno de Desarrollo Sostenible acordó ayer encomendar a la empresa municipal Geursa la actualización del Pepri, para "compatibilizar con la protección las nuevas actividades económicas que han surgido a lo largo de los últimos años", señalaron las fuentes. Geursa tiene de plazo hasta finales de este año para hacer un informe detallado, de cara a elaborar una propuesta de nuevo catálogo a lo largo de 2013.

Otro objetivo de esta revisión es evitar las órdenes judiciales de cierre a las que ha tenido que hacer frente el Ayuntamiento por haber autorizado la apertura de restaurantes o bares en edificios, cuya protección no lo permitía. La última sentencia que tuvo que acatar el Ayuntamiento se dictó el pasado año, en la que le obligó a clausurar un restaurante en la calle Malteses. El Ayuntamiento le concedió la licencia, haciendo una interpretación del Pepri, según la cual se asimila el uso comercial, que sí admite el edificio, con el uso terciario-recreativo (local de ocio), pero el juez no admitió la interpretación.

El anterior gobierno de Jerónimo Saavedra introdujo una modificación en el Plan General de Ordenación (PGO), cuya adaptación a las leyes del Territorio se está tramitando, para permitir el uso terciario-recreativo en los edificios protegidos, mediante una interpretación del Pepri, similar a la utilizada para conceder las licencias. El Ayuntamiento intentaba con esta modificación evitar más órdenes judiciales de cierres de bares y restaurantes. Desde 2010, los vecinos han ganado tres pleitos que han obligado al cierre o prohibido la apertura de locales.