"Convivo en mi vivienda con mis tres hijos de 17, diez y siete años de edad, que creo que merecen poder abrir las ventanas de su casa. Creo que se merecen traer a sus amigos a casa sin avergonzarse de vivir en ella. Hasta ahora, la nefasta planificación política y la falta de rigor a la hora de cumplir la ley por parte del Ayuntamiento de Las Palmas ha condenado a mi familia a vivir" como si fuera de "segunda categoría, rodeada de moscas y de basura. Ahora cuando por fin parecía que esta situación iba a quedar definitivamente atrás, nos encontramos con que empeorará gracias a esta autorización, porque la basura se acercará tanto a nuestras casas que ya no me quedará más remedio que abandonarla" y cambiarla por otro hogar que "no perjudique la salud de mis hijos".

Así expone su situación en su escrito de súplica a la Fiscalía la vecina del vertedero, que califica de irregular la "omisión" de la existencia de su casa a 130 metros del vaso de vertido, en el expediente que remitió el Cabildo a la Viceconsejería de Medio Ambiente y en la misma tramitación de realizó ésta para dar la Autorización Ambiental Integral.

La distancia entre la casa de esta vecina y el nuevo vaso multiplica con creces la separación de 2.000 metros que establecía la anterior ley para las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. La denunciante reconoce que esta ley fue derogada por otra de 2007, en la que no se establece una distancia mínima, "con la intención de poder ampliar esos 2.000 metros si fuese necesario".

Inaudito

Fuentes cercanas a la denunciante califican de "inaudito" e "insólito" que el Gobierno canario, el Ayuntamiento y el Cabildo "autoricen un vaso de vertido a una distancia 15 veces menor a la permitida por el anterior decreto", que "sigue en vigor hasta que el Gobierno canario desarrolle los reglamentos de la ley de 2007". En cualquier caso, sostienen que la distancia establecida en la ley de 1961 sigue en vigor para actividades clasificadas, como el vertedero. Esta circunstancia, añadió, condena a su casa y a otras cinco que están en parecidas circunstancias a soportar, además de moscas, la presencia de otros insectos, como cucarachas, y las ratas. "Las cucas y las ratas se establecen a una distancia de unos 50 metros del vaso de vertido, por lo que hay que fumigar constantemente toda esa zona", explican las fuentes, quienes consideran que la autorización da lugar a "un continuado delito medioambiental", que conlleva "un riesgo cierto sobre la salud".

La familia que presentó esta denuncia es la misma que interpuso en la Fiscalía en 2010 una demanda contra el vertedero, que provocó su cierre la pasada semana. El Juzgado de Instrucción número 7 sigue adelante con el procedimiento, pendiente de un informe sobre el carácter contaminante de los vertidos.