El Cabildo de Gran Canaria aún está a la espera de que Borjana SL le complemente la propuesta de explotación comercial realizada al Cabildo a principios de julio, unas especificaciones que la administración insular trasladó a la empresa el 5 de septiembre.

Entre las exigencias que la Consejería de Política Territorial le reclama a la firma que administra González Bravo de Laguna está la presentación de un estudio de viabilidad económica y otro de impacto ambiental.

Las exigencias del Cabildo se recogen en ocho puntos para que la propuesta de Borjana cumpla con los requisitos mínimos de la Ley de Contratos del Sector Público (RD 3/2011), según estblece la comunicación enviada por la institución pública a esta empresa.

El primero de esos puntos es que Borjana justifique la finalidad de la obra. También se piden previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área de influencia (Ciudad Jardín y Alcaravaneras). Se reclama además una valoración de los informes existentes en referencia al planeamiento sectorial, territorial y urbanístico. Básico se considera también el estudio de impacto ambiental y las correspondientes medidas correctoras en el caso de ser necesarias. Se pide un análisis de los riesgos operativos y tecnológicos de la construcción y explotación de la obra. No se olvida Política Territorial de reclamar un estudio básico de seguridad y salud en obras de construcción.

Otro punto en el que incide especialmente el Cabildo es en que Borjana especifique con toda la claridad posible el coste de la inversión a realizar en la obra (27 millones), el sistema de financiación elegido para obtener ese dinero y, sobre todo, la procedencia del mismo.

"Igualmente en esta relación han de incluirse otros extremos de contenido urbanístico, también recogidos por la norma citada, debiendo por lo tanto la propuesta adecuarse con rigor a dichos términos", recoge finalmente el requerimiento de Política Territorial a Borjana SL.