El gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en manos del PP, defendió ayer la iniciativa anunciada el pasado miércoles de contratar directamente a 41 personas de la calle como funcionarios interinos y sin pasar por un proceso de oposición para ocupar el puesto de agente de movilidad (auxiliares de tráfico), y lo justificó en la necesidad de personal que arrastra la plantilla de la Policía Local.

"Es una provisión de puestos de funcionarios interinos rápida y que viene impuesta por la necesidad de reforzar cuánto antes a la Policía Local, sabemos que es una fórmula complicada, pero no es nueva", manifestó el director de gobierno de Presidencia y Seguridad, Claudio Rivero. Según este directivo municipal, el Ayuntamiento de Madrid fue el primero que puso en marcha este cuerpo de agentes de movilidad en 2004 con 150 funcionarios interinos sacados de la lista de opositores a policía local que suspendieron, el mismo proceso que quiere aplicar el Ayuntamiento a los futuros 41 agentes de movilidad de esta capital. "Es una medida poco habitual y con dificultades técnicas, pero muy apropiada para agilizar la incorporación de estos refuerzos para que la Policía Local se centre más en la seguridad". Rivero reconoció que si el Gobierno regional no le da el visto bueno, tendrá que convocar oposiciones públicas, lo que retrasaría un año la salida de los agentes de movilidad a la calle.

Por todo esto, el director general rechazó las críticas de sindicatos y oposición que le advertían de que cometería una ilegalidad si no convocaba oposiciones. Asimismo, Rivero censuró las palabras del PSOE que le acusaba de crear una "policía low cost". "Ese es un término despreciativo para los funcionarios, es como decir que un auxiliar administrativo es low cost, es una falta de respeto".