¿A quién daña más la Ley de Tasas, a los propios abogados o a los ciudadanos?

Entiendo que a quien más daña es al ciudadano, porque no será una justicia única para todos los ciudadanos, sino que podremos ver en los juzgados tres tipos de justicia. La de los que acudan al turno de oficio porque carecen de medios; la de la gente con mucho dinero, como las grandes empresas o personas adineradas, que también lo notarán, pero podrán asumirlo, y, por último, la del resto de ciudadanos, que son la mayoría y no tienen derecho al turno de oficio, que se verán muy afectados.

¿Cuánto le podría costar a un ciudadano iniciar un pleito y llevarlo hasta una instancia como el Tribunal Supremo?

Es difícil de calcular, porque hay distintos precios para diferentes procedimientos, pero podrían llegar a pagar 11.000 euros para llevar una causa hasta el Tribunal Supremo. Con esas cantidades de dinero, la mayoría de las personas que van a juicio no podrán ejercitar sus derechos.

¿Temen los abogados sufrir una bajada en el número de clientes por la ley?

Supongo que entrará menos gente porque tendrán que pagar las tasas, pero nuestra queja es porque entendemos que no habrá una justicia igualitaria para todos los ciudadanos, sino que estará estratificada.

¿Se verá afectado el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos?

Probablemente. Lo que estamos consiguiendo con la Ley de Tasas es crear una justicia para ricos y una justicia para pobres. Es más, no habrá justicia para los pobres porque no podrán pagar. Lo que se hace es impedir el acceso de la justicia a la mayoría de los ciudadanos, y eso es algo que no podemos permitir.

¿En qué momento del pleito se comenzará a pagar con esta reciente ley?

Directamente en la primera instancia, luego, en la segunda instancia y en apelaciones. Desde el principio. El Gobierno la ha creado con la finalidad de que no haya tantos pleitos y bajar la carga de procedimientos que satura los juzgados españoles, pero lo que no se puede permitir es que esto se haga a base de acabar con los derechos de los ciudadanos, que ahora no podrán pleitear porque no se lo podrán permitir.

¿Se han planteado acudir al Tribunal Constitucional para que se dé marcha atrás la medida del Gobierno?

Desde el Consejo General de la Abogacía Española nos estamos planteando interponer un recurso de anticonstitucionalidad contra le ley, pero también he oído que otras instituciones lo están pensando.

¿Qué buscan con la protesta que celebran hoy en la plaza de San Agustín?

Protestamos en todos los colegios de abogados que hay en España con el ánimo de que se suspenda la aprobación de la ley y nos sentemos todos a dialogar para mejorar la situación. Es decir, queremos un diálogo entre todas las partes perjudicadas por esta ley. Dicho esto, me da la impresión de que con la actuación que está teniendo el Gobierno, no van a dar marcha atrás.

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