Unos 300 abogados se concentraron ayer en los colegios oficiales de Las Palmas y de Santa de Tenerife para reclamar la retirada del proyecto de ley que prevé la subida e implantación de nuevas tasas judiciales, una iniciativa que encarecerá entre 50 y 750 euros la tramitación de los pleitos en toda España.

Así, el decano del Colegio de Las Palmas, Joaquín Espinosa, leyó un manifiesto ante más de un centenar de letrados, que fue aprobado de forma unánime por el Consejo General de la Abogacía en contra de ambas leyes y en favor de un pacto de Estado por la Justicia para superar la "lamentable" situación en la que se encuentra. Lo mismo hizo su homólogo en Tenerife, Víctor Medina, ante unos 200 letrados, según informa Efe.

Con la protesta, que ha contado con el apoyo de jueces y procuradores y que ha sido convocada por el Consejo General de la Abogacía en los 83 colegios de toda España, se pretende la retirada de la ley de tasas porque solo podrán "pleitear los que tengan dinero y los que tienen derecho al turno de oficio", ha subrayado Espinosa.

El decano de Las Palmas considera que una tercera parte de la sociedad, que es bastante numerosa, con esas tasas que se proponen no podrá acudir a los tribunales para resolver sus problemas.

Además, Espinosa considera que la finalidad que se pretende con estas tasas, aliviar de trabajo a los juzgados y recaudar más dinero, no resuelve el problema de la Justicia.

Espinosa ha apuntado que el Consejo General de la Abogacía tiene la intención de llegar hasta el Tribunal Constitucional en el caso de que se apruebe la ley de tasas. El decano de Las Palmas cree que el Gobierno pretende sacar adelante la norma el próximo miércoles, día de la huelga general, mientras que su colega en Tenerife, Medina, considera que la inmensa mayoría de españoles tendría que pedir un préstamo para poder abonarlas, según recoge Efe.

Además, el Consejo, en su manifiesto, reivindica que se potencia la independencia de los jueces y el buen gobierno del Consejo General del Poder Judicial, así como una Fiscalía autónoma y una Abogacía libre e independiente.

También reclama la participación de todos los operadores judiciales, además de sindicatos, organizaciones de consumidores y usuarios en la elaboración de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo, entra otras reivindicaciones secundadas por unos 12.000 abogados de toda España.