Mientras la magistrada María Isabel de Vega interrogaba a los primeros cuatro detenidos en la operación lanzada el miércoles por la Guardia Civil contra la supuesta comercialización ilegal de gas R-22, los agentes irrumpieron ayer en el puerto de La Luz y de Las Palmas para registrar varias consignatarias y arrestar a otras 14 personas que trabajan de forma habitual con la flota rusa y lituana, pues sus buques se encuentran entre los principales destinatarios del gas investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria y la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

Se trata de un fluido tóxico para la capa de ozono por su efecto invernadero que se usa como refrigerante en los barcos, cuya importación y manipulación está fuertemente restringida en la Unión Europea, ya que su uso dentro de los estados miembros fue prohibido en 2010 y sólo se permite su comercialización en estado reciclado hasta 2015.

Los arrestados se corresponde con dos empresarios de la sociedad Sernamol (Servicios Navales Molina) y otros dos de la compañía Fricom, ambas especializadas en la venta y distribución de R-22, entre otros gases, también conocido como clorodifluorometano. En el interrogatorio judicial, que se prolongó desde primera hora de la mañana hasta entrada la noche, los empresarios defendieron la legalidad de su actividad, pero la juez los dejó en libertad provisional bajo la imputación de tres delitos: contrabando, falsedad y contra la seguridad colectiva.

Este último tipo penal es de reciente creación y castiga con multas y penas de hasta tres años de cárcel a quien, de forma ilegal, "produzca, importe, exporte, comercialice o utilice sustancias destructoras del ozono". Además, el Código Penal contempla el mismo castigo para quien, al manipular o transportar una sustancia inflamable o tóxica, "contravenga" las normas de seguridad y ponga en peligro la vida de las personas o del medio ambiente.

Y es que la autoridad judicial investiga si las empresas importadoras del gas han cambiado etiquetas, falsificado albaranes u ocultado la mercancía entre productos legales. Esta, al menos, es la práctica que se ha instalado en algunas empresas especializadas en este tipo de servicios, sobre todo desde que en 2010 se prohibió la fabricación del R-22 pero no su reciclaje, pues se trata de una actividad difícil de detectar en las aduanas de los puertos, entre otros motivos porque requiere un detector químico específico y un equipo de bomberos especializado en la materia, según los expertos consultados.

En concreto, los investigadores sospechan que los empresarios imputados compraban pequeñas cantidades de gas reciclado para obtener el albarán correspondiente. Luego, supuestamente, falsificaban la nota de entrega para modificar la cantidad adquirida, compraban el gas virgen en países no comunitarios y cambiaban la etiqueta del producto para hacerlo pasar por gas reciclado. De hecho, la Guardia Civil ha precintado más de 100 bombonas para analizar su contenido y composición de los elementos.

Además, durante la mañana de ayer, lo agentes, muchos de los cuales vienen de Madrid y pertenecen a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma), también registraron al menos dos consignatarias de carga y descarga en el Puerto.

Una de ellas, la Baltic Atlant Shipping, con más de diez buques, casi todos de tipo refrigerador, sufrió la detención de 14 trabajadores. Los agentes se llevaron arrestados a los dos máximos responsables de la compañía, el director y el director general, al tiempo que citaron en la comandancia de Las Palmas al resto de los empleados, la mayoría de origen lituano.

Antes del cierre de este periódico, la Guardia Civil ya le había tomado declaración a ocho de los 14 interrogados, los cuales quedaron en libertad con cargos tras declarar que nunca han oído hablar del R-22. Sin embargo, los agentes mantenían en los calabozos a los dos directivos, que pasarán a disposición judicial en los próximos días.