El puerto La Luz y de Las Palmas ha trabajado esta semana pendiente de una sustancia utilizada hasta 2010 por muchos de los barcos que atracan en el puerto capitalino, pero prohibida desde entonces en la Unión Europea por ser muy dañina para la capa de ozono: el gas R-22, también conocido como clorodifluorometano. Decenas de agentes de la Guardia Civil han registrado durante los últimos días a al menos cuatro empresas situadas en las instalaciones portuarias y ha procedido a la detención de casi una veintena de personas por la distribución de la mencionada sustancia. La investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones durante los próximos días que vuelvan a alterar la rutina en La Luz.
Desde primera hora de la mañana del miércoles el ir y venir de vehículos de la Benemérita sorprendió a los trabajadores portuarios. Los agentes ponían sus ojos sobre dos empresas especializadas en la distribución y venta de sustancias gaseosas: Fricom y Sernamol (Servicios Navales Molina). Durante toda la jornada matutina los funcionarios de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) llegados desde Madrid, de la Policía Judicial y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil inspeccionaron varias naves de las citadas empresas en busca de bombonas que almacenaran este gas prohibido desde el 1 de enero de 2010.
Durante los registros, se precintaron cerca de un centenar de bombonas en cuyo interior se hallaba supuestamente el R-22, que se utiliza como agente refrigerante para equipos de refrigeración y aire acondicionado en barcos. Además, los agentes se llevaron uno de estos cilindros para analizar la composición del gas, porque aunque está prohibido en estado puro en la Unión Europea, sí puede ser comercializado en países que no han firmado el Protocolo de Montreal o en el propio continente europeo, si el material es regenerado.
Las operación, dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, María Isabel de Vega, culminó su actividad el miércoles con la detención de cuatro personas relacionadas con la cúpula de las empresas Sernamol y Fricom, quienes fueron llevadas a la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, donde les tomaron declaración.
Desde Gases Industriales Fricom JGG S. L., J. J. G. M., el hijo de uno de los propietarios defendía la legalidad de las actividades de la empresa y aseguraba que no existía "ni un kilo" de R-22 que no estuviera contabilizado en los permisos que reciben de la Unión Europea, aunque reconocía que "la importación y exportación de R-22 está permitida a nivel extracomunitario y por eso nosotros lo que hacemos es instalar el gas en barcos de países que no son de la Unión Europea, por lo que no incumplimos ninguna ley".
Las pesquisas continuaron y al mismo tiempo que los cuatro detenidos pasaban a disposición judicial el pasado viernes, los agentes volvían a realizar registros ese mismo día en varias consignatarias con sede en el puerto de La Luz y Las Palmas. Desde primera hora de la mañana, acudieron a las sedes de estas empresas, entre ellas la de Baltic Atlant Shipping que trabaja con barcos de bandera Lituana, en las que recabaron diversa documentación y procedieron a la detención de 14 personas, que fueron citadas a declarar ese mismo día en la Comandancia.
Mientras, en sede judicial los arrestados durante la jornada del miércoles prestaban declaración ante la jueza. El interrogatorio se alargó hasta entrada la noche. En el mismo, los apresados defendieron su inocencia y aseguraron que practican una actividad legal. Ante ello, la magistrada decidió ponerlos en libertad provisional bajo la imputación de tres delitos: contrabando, falsedad y contra la seguridad colectiva, delito este último de reciente creación que conlleva penas de cárcel de hasta tres años por la producción, importación, exportación, comercialización o utilización de sustancias dañinas para el ozono.
Por su parte, los agentes seguían recabando información mediante la toma de declaración de los 14 empleados de Baltic Atlant Shipping. Doce de ellos fueron puestos en libertad aunque imputados de un delito contra el medio ambiente. Sin embargo, el director general y el director de la empresa permanecieron detenidos en las dependencias de la calle Alicante hasta su pase a disposición judicial, que probablemente tendrá lugar durante el día de hoy, según indicaron fuentes de la Guardia Civil cercanas a la investigación.
