El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creó el pasado 30 de octubre un grupo de control de los servicios que presta Emalsa a la ciudad. Seis técnicos municipales realizan un diagnóstico de la situación hidráulica de la ciudad, con el fin de ganar en eficiencia y elaborar un listado de recomendaciones para la correcta gestión política del servicio de agua de abasto. Esta iniciativa, que llega 20 años después de la privatización de Emalsa, no sólo contempla aspectos técnicos relacionados con el funcionamiento de la red, sino la evaluación de las posibles carencias contractuales entre la empresa mixta y el Ayuntamiento. Incluso, se habla de la "posible reformulación de los mismos".
El alcalde, Juan José Cardona, en una entrevista concedida a este periódico y en relación a la temida subida del recibo por la suspensión estatal de las subvenciones al agua desalada, expresaba su intención revisar la gestión de Emalsa antes de que repercutiera en el "bolsillo del ciudadano".
Además, la creación del grupo técnico de control llega después de que se haya presentado en Francia una demanda por supuesto fraude en una operación de compraventa de un inmueble por parte de Sercanarias, empresa participada al 50% por los dos socios privados de Emalsa (Saur y Valoriza-Sacyr Vallehermoso, con un 33% cada uno), y de que hayan aparecido dudas con respecto al pago de servicios y equipamientos por encima del valor de mercado.
José Jiménez Suárez, de la Agencia de la Energía; José Matías Ramos Trujillo, del Servicio de Medio Ambiente; Antonio Ramón Balmaseda, de Asesoría Jurídica; Andrés Carmelo Caballero Quintana, de Programación Económica; Antonia Esther Guedes Sánchez, del Servicio de Patrimonio; y Rafael Bolívar Toledo, del Servicio de Aguas. Estos son los seis técnicos que componen el llamado grupo de reflexión encargado de revisar cómo y con qué eficiencia realiza Emalsa el servicio de abastos.
Tres meses
En un periodo fijado en tres meses tienen que entregar a la Concejalía de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Agua un primer informe de conclusiones. En esta fase preliminar se han impuesto varios objetivos. El primero tiene que ver con hacer un diagnóstico del ciclo integral del agua de la ciudad. Por otro lado, se van a definir las futuras obras hidráulicas según las necesidades que se detecten, incluso, con una ficha financiera que cuantifique la inversión. Otra de las pretensiones del grupo de trabajo es la de analizar los precedentes administrativos de la concesión a Emalsa, con la evaluación de los objetivos del contrato y sus carencias. Es en este punto donde se especifica que se puede plantear la reformulación de estos "objetivos contractuales". Emalsa va a ser revisada a fondo por esta comisión. Los aspectos a analizar son la producción y captación, la distribución y facturación, el saneamiento, la depuración y la reutilización del agua.
El último apartado del documento por el que se constituye el grupo de reflexión revela que los técnicos elaborarán unas recomendaciones para "adecuar" la política hidráulica a las estrecheces económicas actuales. Además, se señala textualmente que se va a explorar un "modelo de desarrollo de la relación contractual Emalsa/Ayuntamiento", aunque fuentes municipales señalaron que no se trata de ir hacia un cambio de modelo de gestión.
Las presuntas irregularidades relacionadas con la empresa mixta llevaron al alcalde capitalino, Juan José Cardona, a convocar el pasado miércoles un Consejo de Administración extraordinario, del que salió la promesa de revisar hasta la última factura que se paga a la empresa de servicios Sercanarias. Esta compañía abonó 2,814 millones en concepto de opción de compra de un inmueble, propiedad de Seguridad Integral Canaria, en la capital. Esta operación ha sido objeto de una denuncia presentada en Francia por el antiguo presidente de Saur Internacional, copropietaria de Sercanarias al 50% con Valoriza (Sacyr-Vallehermoso), como se ha dicho, por detectar que se había satisfecho una cantidad muy superior al valor del inmueble.
El alcalde y presidente de Emalsa, al poseer el Ayuntamiento el 34% de las acciones, considera que el dinero que salió de Emalsa a Sercanarias para realizar la compra del edificio fue en concepto de "adelanto" por unos servicios que le prestaría en el futuro, aunque no pudo concretar cuáles fueron.
Por otro lado, existe la sospecha de que se han sobredimensionado los precios de servicios y equipamientos contratados por Emalsa a las propias empresas que se sientan en el Consejo de Administración.
El comité de empresa pidió al Ayuntamiento, propietario del 34% de las acciones, "el detalle" de las cuentas para evitar irregularidades, y quedó satisfecho con el compromiso del alcalde Cardona de encargar un informe adicional sobre las cuentas de 2010 a una auditora independiente para aclarar cualquier duda.
