La denuncia presentada en Francia por la empresa Saur Internacional contra los consejeros de Emalsa, por un supuesto fraude en la compra de un inmueble de la capital, sigue su curso en el país galo, a pesar de que los denunciantes dan por buena la operación, tras una auditoría encargada para aclarar sus detalles. El caso aún no ha sido remitido a la justicia española, que tendrá que citar a los implicados en el lugar más cercano a su domicilio.

El abogado Jean-Pierre Versini-Campinchi, en representación del anterior presidente de Saur Internacional, Joël Séché, presentó una demanda el pasado 12 de marzo en Versalles por una opción de compra de un edificio en la calle Alfred Nobel, suscrita por la empresa Sercanarias con la propietaria de la finca, Seguridad Integral Canaria. Sercanarias está participada al 50% por los socios privados de Emalsa, la propia Saur, y por Valoriza, filial de Sacyr Vallehermoso. Séché consideró que los 2,814 millones que se abonaron en concepto de señal, y que firmaron los ejecutivos José Luis Rubio (Saur) y Pablo Abril Martorell (Valoriza-Sacyr) superaban con mucho el valor del edificio, que dos tasaciones encargadas por su abogado cifraron en 800.000 y 950.000 euros, respectivamente.

Sin embargo, la propia empresa Saur, aún con Séché al frente, encargó una auditoría sobre el caso, que concluyó que no había ninguna irregularidad en la compraventa.

Para acreditarlo, no sólo se basaron en una tasación del año 2002, que ya valoraba el inmueble en tres millones de euros, sino que solicitaron otra en este mismo año que concluye un precio de 5,4 millones, cifra por encima del precio establecido en el contrato entre Sercanarias y Seguridad Integral Canaria, que es de 5,360 millones de euros.

El inmueble, que aún puede cambiar de manos, en virtud de un acuerdo que establece el final del contrato en 2016, iba a servir de sede para la empresa Sercanarias, que presta servicios a Emalsa. Con el paso del tiempo, los compradores pierden un porcentaje de la opción de compra, pero este periódico adelantó que Sercanarias y Seguridad Integral Canaria renegocian el precio para llevar adelante la compra.