El letrado francés Jean Pierre Versini-Campinchi, que denunció ante los tribunales franceses un supuesto fraude en una opción de compra de un edificio, suscrita por los consejeros de Emalsa José Luis Rubio Díaz de Tudanca y Pablo Abril-Martorell, aseguró ayer que las presuntas irregularidades fueron desveladas por un "empleado español" de Saur Internacional. El abogado, en comunicación con este periódico, sostuvo que los tribunales franceses son "competentes" para llevar a cabo todo el proceso judicial, porque se trata de un presunto delito "contra los intereses de una sociedad francesa". Advirtió que un juez de instrucción de Versalles ha iniciado ya la investigación sobre la supuesta malversación de fondos.

El bufete de Versini-Campinchi presentó el pasado 12 de marzo una denuncia contra los consejeros de Emalsa José Luis Rubio Díaz de Tudanca y Pablo Abril- Martorell, por materializar, en calidad de directivos de Sercanarias, una opción de compra de un edificio de Los Tarahales. Los ejecutivos fueron denunciados por el antiguo presidente de Saur Internacional, Joël Séché, al considerar que la operación, de la que le informó un empleado español, suponía un quebranto económico para las arcas del grupo empresarial francés. Rubio y Abril-Martorell son también consejeros de Saur y Sacyr-Valoriza, las empresas que controlan el 66% de las acciones de Emalsa, compañía desde la que se realizó una transferencia a Sercanarias, días antes de que ésta firmara el cheque de la opción de compra.

Rubio y Abril-Martorell, en su calidad de consejeros de Sercanarias (filial de Saur y Sacyr-Valoriza) entregaron el 21 de abril de 2010 a la empresa Seguridad Integral Canaria, dueña de la nave situada en Los Tarahales, un cheque de 2,8 millones, una operación que, según la denuncia de Séché, lesionó los intereses de Saur, al considerar que el edificio, que estaba previsto que fuera la sede social y centro administrativo de Sercanarias, fue tasado por un precio cinco veces superior a su valor en el mercado. Saur aseguró el pasado miércoles que una auditoría despejó todas las dudas sobre la operación que, aseguraron, se ajustó a la legalidad.

Fue Séché el que encargó, tras enterarse de las supuestas irregularidades, la citada auditoría, cuyas conclusiones contradicen las tasaciones que aporta el exdirectivo francés en su denuncia. La auditoría fue entregada el pasado 15 de mayo y Séché fue destituido el 28 del mismo mes.

Versini, quien aclaró que, de momento, no tiene conocimiento de que se hayan producido otro tipo de irregularidades, no aclaró la identidad del trabajador que denunció el supuesto fraude ante la cúpula administrativa de la empresa francesa.

En cuanto al proceso, aseguró que el caso será visto en Francia, porque la "Justicia francesa es competente para juzgar un delito contra los intereses de una sociedad francesa, aunque haya sido cometido en España". No aclaró si solicitará a los juzgados españoles una comisión rogatoria para citar a los consejeros denunciados por presuntas irregularidades.

El jurista francés cifró en 2,6 millones de euros (cantidad que representa el coste de la opción de compra que fue pagada a través de un cheque, al que se añadió el 5% de IGIC) el perjuicio económico que supuso la operación para las arcas de la empresa Saur. "El daño", especificó Versini, "corresponde al importe de la transferencia en la cuenta de Sercanarias, es decir, 2,6 millones de euros". No se descarta, añadió, la posibilidad de reclamar una indemnización por los daños causados a "todas las personas implicadas en el delito, como autores o codelincuentes" .

El abogado francés salió también al paso de los comunicados dados a conocer por las empresas Saur y Emalsa, en los que se desmienten las irregularidades y atribuyen la denuncia a las diferencias habidas entre directivos del grupo francés. "No importa lo que afirmen o lo que piensen Emalsa o Saur-España. Un juez de instrucción de Versalles ha sido encargado para investigar sobre los hechos denunciados y sigue investigando", dijo. Versini-Campinchi aseguró desconocer si la empresa Saur está pensando en vender sus acciones en la compañía Emalsa o abandonar sus inversiones en Canarias. "No tenemos información", sostuvo al respecto.

La directora general de Emalsa, Mercedes Fernández-Couto Gómez, enseñará a los representantes del comité de empresa las cuentas correspondientes al ejercicio 2011, según se acordó en el Consejo de Administración de la compañía del pasado miércoles, que fue convocado por el alcalde Juan José Cardona, para aclarar la transferencia que se hizo desde Emalsa a Sercanarias, días antes de la firma de la opción de compra del edificio de Los Tarahales. Los trabajadores, que en estos momentos están en plena negociación del convenio colectivo, solicitaron conocer al detalle las cuentas de la compañía, ya que consideran insuficientes los datos que ésta les ha aportado hasta el momento. Al igual que el alcalde, Juan José Cardona, el comité de empresa dio por buena la justificación de los socios privados de Emalsa (Saur y Sacyr) que aseguraron que la transferencia de 1,3 millones de euros girada a Sercanarias correspondía a un "adelanto" por servicios a realizar en un futuro. T.G.