Un oscuro negocio salpica a Emalsa

Aunque la operación de compraventa denunciada en los tribunales franceses por malversación de fondos fue acordada entre Sercanarias y Seguridad Integral Canaria (la empresa propietaria de la nave de Los Tarahales), Emalsa ha acabado salpicada por el escándalo debido a una transferencia no aclarada que la compañía dirigió a Sercanarias en los días en los que se materializó la opción de compra.

¿Y cuál es el hilo que une a Rubio y Abril Martorell con Emalsa? La relación forma parte del entramado de empresas filiales que las dos socias privadas de Emalsa han creado en los últimos 15 años a la sombra del colosal negocio del agua. José Luis Rubio es presidente ejecutivo de Gestagua, la empresa de Saur que se encarga del negocio del agua en España y que es propietaria de un 33% de las acciones de Emalsa. Pablo Abril-Martorell, por su parte, es director general de Valoriza, la filial a través de la cual opera Sacyr Vallehermoso en Emalsa, con un 33% de las acciones. Ambos son, por su papel de altos ejecutivos de Saur y Valoriza, consejeros de Emalsa y directivos de Sercanarias.

Los socios privados de Emalsa se han apresurado a afirmar, a través de comunicados con amenazas de querellas por injurias incluidas, que la transferencia que giró Emalsa a Sercanarias no tiene nada que ver con la operación de compra denunciada por el expresidente de Saur Internacional, Jöel Séché. Sostienen que fue un adelanto a Sercanarias por obras y servicios futuros, pero hasta la fecha no han facilitado la relación de los mismos.

Otro extremo que tampoco ha aclarado Emalsa es quien autorizó el pago de la transferencia.

Juan José Cardona, alcalde de la capital grancanaria y presidente de Emalsa, ya que la ciudad aún conserva un 34% de las acciones de la compañía mixta, ha dado por buena la explicación de los directivos privados, escudándose en que las auditorías anuales de la empresa no arrojan ninguna irregularidad, pero ha aprovechado la ocasión para encargar, en el consejo de administración del pasado miércoles, un informe adicional que aclare si el coste de las obras subcontratadas por los socios privados de Emalsa a sus filiales han sido infladas por encima del precio del mercado y si los servicios cobrados se realizaron efectivamente.

En realidad, se trata de investigar los contratos con Sercanarias, porque el regidor sólo habló de que se revisarán las obras subcontratadas con dicha empresa, que le factura a Emalsa unos seis millones de euros anuales. No habló Cardona para nada de las facturas del resto de filiales de Saur y Sacyr, a las que también se adjudican contratos, aunque también es verdad que en un volumen bastante inferior que a Sercanarias. Pero se da la circunstancia de que los trabajadores han pedido explicaciones por contratos adjudicados a otras filiales como Valoriza, Gestagua o Sadyt, al sospechar que las facturas han sido infladas.

Pero volviendo a la denuncia más grave, la que ha llegado a los tribunales franceses por una presunta malversación de fondos -y que parece enmarcada en una encarnizada batalla entre altos ejecutivos de Saur-, los hechos se remontan a enero de 2010, época en la que Jesús Blanco (ejecutivo de Sacyr) dirigía Emalsa y Jerónimo Saavedra era alcalde de la ciudad.

Siempre según la denuncia de Séché, Rubio y Abril-Martorell firman el 15 de enero de 2010 con Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria, un contrato de opción de compra, para que Sercanarias se haga con un inmueble de 2.500 metros cuadrados de superficie ubicado en la calle Alfred Nobel, 27, en Los Tarahales. El edificio, que estaba destinado a ser la sede social y centro administrativo de Sercanarias, fue tasado en 5,360 millones de euros, un precio que según la denuncia presentada por el abogado francés Jean Pierre Versini-Campinchi, fue sobredimensionado.

El denunciante destaca además que el contrato se firmó de "manera privada" y sin presencia de un notario, algo que considera anormal en estos casos. El precio de la opción de compra se fijó en 2,680 millones, una cantidad que finalmente se situó en 2,814 millones al añadirse 134.000 euros, correspondiente al IGIC.

El 21 de abril de 2010, se produce una transferencia de Emalsa a Sercanarias por un importe de 1,316 millones. Al día siguiente, el 22 de abril, tiene lugar la segunda transferencia a Sercanarias, por importe de 1,393 millones, que procede en esta ocasión de Saur Internacional. Los dos ingresos suman el total de la opción de compra, cuyo importe se entregó a Seguridad Integral Canaria, a través de un cheque por 2,814 millones emitido el mismo 22 de abril de 2010.

Denuncia

Siempre, según la versión del abogado Versini-Campinchi, Jöel Séché se entera, a través de un empleado "español" de Saur, cuyo nombre no desvela, de la supuesta operación fraudulenta y, al entender que las cuentas no cuadraban, encarga una auditoría sobre la operación de compraventa y presenta una denuncia el pasado 2 de marzo en un juzgado de Versalles.

La auditoría encargada por Séché es entregada el 15 de mayo de 2012 y trece días después Jöel Séché es despedido como presidente de Saur Internacional.

La denuncia de Séché aporta dos tasaciones del edificio de Los Tarahales, realizadas por los arquitectos Ana Tiestos Naranjo y Felipe Gago Doreste, que valoran el inmueble en 950.000 euros y 800.000 euros, respectivamente. Ambas tasaciones son ostensiblemente inferiores a la cifra de 5,3 millones que se fijó como precio de compraventa de la nave.

Según aseguraron hace unos días desde Saur, que cuestionó las tasaciones que aporta Séché como pruebas probatorias de las presuntas irregularidades, una tasación "independiente" que encargó la compañía fijó en 5,4 millones el valor de la finca, por encima de los 5,3 acordados. Otra tasación que esgrime Saur, cifra en tres millones el precio de la nave.

La empresa Saur, que ha querido en todo momento relacionar la denuncia con viejas disputas entre directivos, está en estos momentos negociando a la baja, no obstante, el precio del edificio de Alfred Nobel. Al menos, eso es lo que afirmaron responsables de la empresa, quienes persiguen evitar que Saur siga perdiendo dinero por no haber ejecutado la totalidad del pago que queda pendiente.

Y es aquí, en las penalizaciones que el contrato de opción de compra contemplaba, en el caso de que los pagos de las cantidades restantes no se llevaran a cabo en los calendarios establecidos, donde aparece otro de los elementos en los que Séché se apoya para denunciar supuestas irregularidades que son lesivas para Sercanarias. La filial ha perdido este año, de hecho, el 10% de la opción de compra (268.000 euros), ya que Sercanarias debía pagar el resto del precio de la finca antes del 15 de enero de 2011, porque en caso contrario perdía los 2,8 millones desembolsados. Ambas partes acordaron una adenda modificativa del contrato, que amplió hasta 2016 el plazo para abonar la cantidad restante, pero con una penalización consistente en que cada año de retraso, con respecto a la fecha inicial acordada, Sercanarias perdía un 10% de la opción de compra.

A juicio de Séché, que considera ilógico que se pague por una opción de compra la mitad del precio final, las condiciones acordadas, en un contrato lesivo para Sercanarias, constituyen una artimaña para "desviar fondos" en "perjuicio de Saur Internacional". "Este mecanismo", considera Séché, "no puede tener más que una explicación racional: permitir disimular, de entrada, en las cuentas sociales, durante cinco años, lo que constituye un desvío de fondos". Este supuesto fraude está siendo investigado ya por un juez de instrucción de Versalles, según confirmó el pasado viernes a este periódico el letrado Versini-Campinchi.