La compañía Emalsa concluyó el año 2012 con unas pérdidas de 700.000 euros, que los responsables de la empresa atribuyen al recorte en la subvención estatal al agua desalada, el aumento de los precios del combustible y el descenso en la facturación por la bajada del consumo de agua de la población. El déficit de Emalsa, que controlan Saur y Valoriza con un 66% de las acciones y el Ayuntamiento capitalino con un 34% , casi iguala el coste anual de la sede de la compañía, cifrado en 900.000 euros, cuya reducción fue abordada también durante el consejo de administración celebrado ayer.

Además de la exposición de las cuentas de 2012, paso previo para su aprobación en una próxima junta general, los socios privados informaron de que se ha iniciado un proceso de negociación con el dueño de las tres plantas, Juan Miguel Sanjuán, (presidente de Satocan y consejero también de Emalsa, en representación de Valoriza), "para intentar llegar a un acuerdo de revisión a la baja". Así lo aseguró ayer el alcalde y presidente de Emalsa, Juan José Cardona, tras la reunión del consejo, que duró tres horas.

"Hay una de las tres plantas que no se está utilizando", recordó Cardona, "y ese es uno de los elementos" a negociar "para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes sin acudir a ninguna iniciativa judicial. Vamos a ver lo que da de sí esa negociación y en el próximo consejo de administración veremos el resultado de la voluntad negociadora que se ha puesto de manifiesto por el arrendador, que también se sienta en el consejo de Emalsa". Según el alcalde, "se ha constatado la voluntad de Sanjuán de negociar un acuerdo". Añadió que pidió a los socios privados que lleven el acuerdo al consejo de administración antes de firmar el nuevo contrato de alquiler y les pidió que se arregle el asunto "cuanto antes".

La renta de la sede de la compañía del agua es uno de los asuntos que estudia la Fiscalía de Delitos Económicos en la investigación que tiene abierta sobre un presunto delito de malversación de caudales públicos y fraude societario. Otro de los asuntos investigados son las supuestas facturas infladas de Sercanarias (la filial de los socios privados de Emalsa), que también evalúa Auren a través de una auditoría. El trabajo, encargado a principios del pasado mes de diciembre aún no ha concluido y los responsables de Emalsa pretenden que esté acabada en un plazo de "15 o 20 días". En palabras de Cardona, la auditoría está "prácticamente terminada. El nivel de ejecución está en un 70%". Justificó el retraso de los trabajos, con respecto al plazo inicial, en el "carácter exhaustivo" de la revisión de "todos los contratos, servicios y precios". El regidor volvió a negar una subida, en un tiempo, de las tarifas del agua, pese a las pérdidas. "Hay una conciencia por parte de la dirección de que mientras se cuestionen determinadas cosas", en relación a las presuntas irregularidades que han salido a la luz, "no ha lugar a una subida de tarifas".