Un armador gallego relacionado con la pesca ilegal en la Antártida deberá indemnizar con más de dos millones de euros a una empresa portuaria de Las Palmas de Gran Canaria por venderle de manera fraudulenta 242 kilos de róbalo (bacalao de profundidad o merluza negra). La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, ha sido confirmada ahora por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS). El fallo impone una pena de un año y ocho meses de cárcel para Manuel Antonio Vidal Pego por un delito de estafa, además de una multa de ocho meses a razón de 15 euros diarios.
La indemnización en concepto de responsabilidad civil está cifrada en 2,7 millones de dólares, cantidad que se corresponde con el precio pagado en febrero de 2006 por las empresas Coast Line y Freiremar para comprar el bacalao. A esa cifra hay que añadirle el 10% del lucro cesante, por lo que la indemnización final supera los dos millones de euros.
Según la sentencia, una patrullera australiana avistó al buque pesquero Hammer, propiedad de Antonio Vidal, mientras faenaba en la zona protegida del Convenio para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida, pero el armador cambió la nacionalidad del barco y entabló conversaciones para la venta de la mercancía capturada de forma ilegal.
Los 242 kilos de róbalo fueron confiscados en el puerto de Pusán por las autoridades coreanas, pero el acusado "ocultó" esa información a los responsables de Coast Line y cerró la operación de compraventa en febrero de 2006, es decir, sabía que era "imposible" entregar el género y cobró más de dos millones de dólares por él, todo a través de la entidad Global Intercontinental Services Inc, empresa de la que Antonio Vidal Pego es administrador.
