El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado la parte del caso Canódromo que afecta a la exalcadesa Pepa Luzardo y su grupo de gobierno en el mandato 2003-7. El auto judicial, fechado el pasado 15 de enero, decreta el sobreseimiento provisional de la causa para Mario Romero Mur, Paulino Montesdeoca de la Guardia, Rafael Santana Quílez, María Isabel García Bolta y Antonio Naranjo Reyes. Estos exconcejales, junto a Felipe Afonso y la propia Luzardo, fueron denunciados por las licencias concedidas en 2005 para construir dos torres de 15 plantas en el barrio de Schamann, pero el magistrado no ha encontrado indicios de prevaricación en los permisos de demolición y excavación otorgados para iniciar las obras.
La edificación de las 120 viviendas, que pertenecen a la empresa Realia, están paradas como consecuencia del proceso abierto en la jurisdicción contencioso administrativa. Una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dictada en 2008, suspendió la ejecución de las obras al anular el Plan Especial de Ordenación del Canódromo. Tres años después, el Supremo dejó sin efecto ese fallo y devolvió el expediente a la Sala de lo Contencioso del TSJC para que volviese a pronunciarse. Aquí salta la sorpresa que, en gran medida, ha determinado el archivo de esa parte de la investigación penal, pues los magistrados cambiaron de criterio y establecieron que el plan urbanístico se ajustaba a la legalidad. Según el nuevo fallo judicial, el Ayuntamiento no ha incurrido en "desviación de poder" al acordar el uso residencial de la zona para autorizar la construcción de las torres. Sin embargo, esa sentencia, emitida el año pasado, ha sido recientemente recurrida en casación por la Asociación de Vecinos Ciudad Alta (Avecalta).
La vertiente administrativa del pleito es importante para entender su lado penal. De hecho, el magistrado instructor, Tomás Martín, estaba a la espera de que el Supremo confirmara o no la desviación de poder para encarrilar la investigación. Y es que el juez, en 2005, tras tomarle declaración como imputados a Luzardo y Afonso, ya acordó el archivo de la causa, pero la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó la reapertura de unas pesquisas que, en gran medida, siguen pendientes de lo que diga el Alto Tribunal. Martín considera que los concejales no otorgaron las licencias de excavación y demolición a sabiendas de que el plan especial del Canódromo estaba en suspenso, en concreto porque no se había resuelto una reclamación hecha por una empresa con intereses en las parcelas.
Cruce de acciones
En medio de ese cruce de acciones penales y administrativas, que comenzó con la querella de 2005 y llega hasta la fecha, el magistrado decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a la concesión de las licencias, pero extendió la investigación a la totalidad del Plan Especial del Canódromo, por lo que la junta de gobierno de Luzardo seguía formalmente imputada. Esa parte del caso, con el apoyo de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, es la que ahora ha sido archivada, al tiempo que las diligencias continúan abiertas respecto a los convenios firmados para comprar los terrenos.
Por tanto, el único político que permanece formalmente imputado es el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, quien, en el momento de firmarse las permutas urbanísticas, en 2002, era concejal de Urbanismo.
El juez tomó declaración a Cardona el pasado mes de abril por los posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. En líneas generales, el regidor se aferró a los informes técnicos para rechazar que se tasaran las parcelas por debajo de su valor real para beneficiar a terceros.
El instructor también ha tomado declaración a varios testigos relacionados con la operación urbanística, entre ellos a un consejero de la empresa Realia, para que explique la compra de los terrenos a Inprocansa-Urbacan y su posterior negociación con el gobierno municipal. Las permutas urbanísticas se concretaron sobre varias parcelas. Una de ellas, en Las Torres, fue valorada por el Ayuntamiento en tres millones de euros, pero Urbacan la vendió semanas después por siete millones y medio. El otro terreno, situado en la esquina del parque del Canódromo, fue tasado en 2,5 millones y vendido por siete millones de euros.
Estas operaciones se realizaron en 2002. Antes, en 2000, la corporación aprueba el Plan General e introduce en el Canódromo una edificabilidad de 20.000 metros cuadrados para construir 120 viviendas. Luego, en 2005, se vuelven a introducir cambios en el Plan General con vistas a materializar un proyecto que sigue cuestionado por los vecinos en el Supremo.
Asimismo está imputado el promotor inmobiliario Eduardo Fernández. Se trata del empresario que compró el suelo del futuro parque del Canódromo y luego se lo permutó al Ayuntamiento. El administrador de Inprocansa y Urbacan negó cualquier trato de favor con los responsables municipales para cerrar la operación.
