La huelga que mantienen los trabajadores de Emalsa ha evidenciado un nuevo desencuentro entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y los socios privados. La compañía envió el pasado martes un comunicado en el que instaba al Consistorio, que posee el 34% de las acciones, a tomar medidas legales por los supuestos sabotajes que achacaba a los empleados, y que habían interrumpido el suministro de agua. El gobierno municipal, sin embargo, desestima por el momento llevar a cabo estas acciones, ya que confía en que los trabajadores no saboteen la red, como prometieron en una reunión con el concejal de Urbanismo Martín Muñoz.

Desde la judicialización de las presuntas irregularidades en la gestión de la empresa mixta hasta ahora se han producido múltiples signos de tensión entre el Ayuntamiento y los socios privados, Saur y Valoriza, que poseen el 66% de las acciones. El episodio más reciente es la distinta apreciación del conflicto laboral que sufre la empresa mixta.

En un escueto comunicado, la compañía de aguas hacía patente el pasado martes la acusación de Emalsa de que sus empleados, que están en proceso de negociación de su nuevo convenio, habían llevado acciones que afectaron "gravemente durante varias horas al suministro de agua a varios millares de ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria", aunque no especificaba el número de afectados. En este mismo texto, los responsables de la compañía advertían de que esta circunstancia había sido puesta en conocimiento de los responsables municipales del servicio que gestiona Emalsa para la adopción de las "medidas legales" que se consideraran oportunas.

Aunque el Ayuntamiento forma parte de Emalsa, el comunicado deja claro que es el Consistorio, como depositario de la titularidad del servicio, quien debe controlar si se están llevando a cabo o no sabotajes y por eso le conmina a que denuncie estos hechos.

Ante la negativa del Consistorio de ir por la vía legal, Emalsa afirmó ayer que no ha tomado ninguna decisión de presentar por su cuenta una denuncia contra estos sabotajes. Mientras que el martes se habían producido estos cortes de agua, que los trabajadores explicaban porque se había reducido el número de fontaneros, ayer no hubo incidencias de este tipo. Emalsa ha convocado hoy al comité de huelga a una reunión de la mesa negociadora para intentar resolver el conflicto.

La relación de Juan José Cardona con los socios privados de Emalsa queda definida por sus actos. El grupo de sabios que ha elaborado el informe que se presentará en el próximo pleno no se puso en marcha cuando saltaron las primeras informaciones sobre posibles irregularidades en la gestión del servicio, sino dos meses antes, el 20 de octubre de 2012.

Aunque el alcalde, como presidente del consejo de Emalsa, aprobó las cuentas de 2011, tomó la determinación de plantear una auditoría externa para testar los contratos de la compañía con Sercanarias, filial de los socios privados, que estuvieron de acuerdo con la medida. Sin embargo, el día de Navidad del pasado año, por sorpresa y sin tratarlo con Saur y Valoriza, Cardona decidió mandar a la Fiscalía General del Estado un dosier con las presuntas irregularidades en la gestión, asunto que ahora se encuentra en el TSJC.