El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se plantea la intervención de Emalsa para ejercer un mayor control de la compañía de aguas. El informe del grupo de reflexión de técnicos municipales, que fue creado el 20 de octubre pasado para revisar el funcionamiento de la compañía, avala, según ha podido conocer este periódico, las acciones mercantiles que prepara el Consistorio y que se darán a conocer en el próximo consejo de administración de la compañía mixta prevista para este mes.
En uno de los apartados de este informe, en el que se tratan los procedimientos administrativos con otras empresas, es decir, los contratos, se constatan hechos que podrían ser lesivos para el titular del servicio público, que es el Ayuntamiento capitalino.
El Consistorio es el accionista mayoritario de Emalsa y comparte el capital social con la empresa francesa Saur Internacional y con la multinacional española Valoriza. Ambos socios privados controlan el 66% de la compañía y tienen en sus manos la gestión de la empresa.
Según expertos en derecho mercantil consultados por LA PROVINCIA/DLP, en una sociedad uno de los accionistas puede ejercer lo que se llama una acción de responsabilidad social, en el supuesto de que considere que se han tomado decisiones o acuerdos que le han perjudicado. El socio tiene derecho, en este caso, a reclamar ante el juez de lo mercantil para que se repare este daño y se le indemnice en caso que así lo decida el juzgado.
Emalsa mantiene distintos contratos con empresas como Sercanarias, filial de los socios privados, que tiene adjudicado el mantenimiento del alcantarillado de la ciudad desde el año 2008. Otro de estos acuerdos se firmó, también ese año, con Satocan, propietaria de la sede de la compañía en Siete Palma, por la que Emalsa paga de alquiler al año 900.000 euros. El alcalde ha anunciado reiteradamente que llevará a los tribunales este contrato si el arrendador, Juan Miguel Sanjuán, también consejero de la empresa mixta, no rebaja el precio y modifica las condiciones en vigor hasta 2038.
Otra vía para intervenir la empresa tiene que ver con la condición del Ayuntamiento como administración que licita el servicio público. Así, el municipio tiene la posibilidad de abrir un expediente para revocar la concesión del servicio por el incumplimiento de las bases del contrato. En este caso no interviene el juez, aunque los perjudicados podrían recurrir a él para solicitar medidas cautelares, según advierten los expertos consultados. Para que se den estas condiciones, ha de existir un motivo muy grave que justifique la extinción del contrato de adjudicación. Debe haber un incumplimiento flagrante de alguna de las reglas de juego que se especificaron en el pliego de condiciones de la licitación del servicio.
En el próximo consejo de administración han de aprobarse las cuentas de 2012, que se presentaron en la pasada reunión y que reflejaban 700.000 euros de pérdidas, por la eliminación de las subvenciones al agua desalada. De no haber unanimidad e impugnarse el acuerdo, uno de los socios podría presentar una demanda por la vía civil.
La privatización de Emalsa tuvo lugar el 23 de marzo de 1993, bajo el mandato del alcalde socialista Emilio Mayoral. En el concurso público ganaron Saur, que conserva su 33%; y Unelco, que, más tarde, en 2005, vendería su 33% a Valoriza. El Ayuntamiento, titular del servicio, se reservaba el 34% y la potestad de controlar las tarifas. Aquel concurso fue recurrido por otra de las aspirantes, Aquagest (Aguas de Barcelona). Esta denuncia, tras diversas vicisitudes, está ahora en el Tribunal Constitucional.
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, conformó el 20 de octubre de 2012, un equipo de seis técnicos municipales de distintos servicios para analizar no sólo el funcionamiento de la red de abastos, sino los contratos con otras empresas. El trabajo de estos expertos podría ahora cambiar el mapa de la compañía mixta.
