La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que dirigía en 2011 Jaime Hernández Abad, del PP, dio por perdidos en abril de ese año 57 millones de euros en impuestos que databan de antes de 2005 y cuyo cobro ya no se podía exigir.

En aquel momento, los esfuerzos municipales se centraban en recaudar, a través de la vía ejecutiva, 48 millones de euros de los 105 que el Servicio de Intervención había calificado como de dudoso cobro. En esa época, el Ayuntamiento recibía dinero de más del Régimen Económico y Fiscal (REF) y del Fondo Canario de Financiación Municipal debido a que su censo incluía 14.917 ciudadanos que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) no existen.

Solo a partir de ese año, la administración local reclamó a 70.000 vecinos y empresas que pagasen sus impuestos por la vía ejecutiva. La bolsa de tributos que se buscaba recaudar se refería a las tasas de la basura, tanto de particulares como de negocios, Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), vehículos o entrada de vehículos e Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Las primeras alarmas saltaron cuando a finales de 2010, Intervención manifestó en su informe sobre la liquidación de las cuentas de 2009 que la corporación se encontraba al borde la quiebra técnica. Para ello se puso en marcha una política de recortes en los gastos que afectó al funcionariado.

La capital de la isla de Tenerife ha ingresado más de 50 millones de euros por haber incluido en el padrón municipal a 14.917 vecinos fantasmas. Según los cálculos que ha realizado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife percibió más de 50 millones de euros durante los 17 años en que se ha producido este desfase, de los que aproximadamente cinco millones correspondían a lo que dejó de percibir la ciudad.

El grupo de gobierno de Santa Cruz de Tenerife, integrado en la actualidad por nacionalistas y socialistas, ha admitido estas irregularidades y acordó en el pleno celebrado el pasado lunes 1 de abril investigar los motivos por los que se produjo y si la mayoría que lideraba Miguel Zerolo, que fue alcalde entre 1995 y 2011, cometió supuestamente un fraude al inflar la población. El actual regidor, José Manuel Bermúdez, reconoció que no pueden acreditar la existencia de unos 13.000 santacruceros.