Unas 25 personas de la plataforma Stop Desahucios han protestado este martes ante la sede regional del PP en Canarias por haber presentado este partido enmiendas a una iniciativa legislativa popular que persigue la dación en pago, la paralización de los desahucios y alquileres sociales.

La abogada y miembro de la plataforma Stop Desahucios, Isabel Saavedra, ha dicho a los periodistas que su colectivo ha organizado esta concentración -que se ha desarrollado sin incidentes- para protestar por la posición del PP, que no atiende a una iniciativa que está respaldada con 1,4 millones de firmas.

"Estamos hablando de dación en pago, para que la gente no siga endeudada de por vida con la entrega de la casa, de la paralización de los desahucios y de alquileres sociales, tres cosas el PP las va a echar para atrás", ha destacado Saavedra.

Según la abogada, Stop Desahucios entiende que quienes están dictando las normas en España son "los grupos de presión financieros" y que la banca no le interesa que se aprueben estos tres mínimos.

Isabel Saavedra ha informado de que la plataforma está "inundando los juzgados" de escritos porque cuenta con el apoyo "no solo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sino de muchos jueces españoles, como ayer el magistrado Cobo Planas, en Arrecife (Lanzarote)".

"Vamos a seguir luchando porque creemos que si los representantes políticos no están a la altura, los ciudadanos sí lo estamos", ha agregado.

La abogada de Stop Desahucios ha recordado a todos los afectados de las hipotecas que pueden contar con la plataforma tanto en Gran Canaria como en el resto de España. "Nos pondremos a trabajar de forma voluntaria con todas las personas que lo soliciten", ha asegurado.

Asimismo, Saavedra ha anunciado que la plataforma tiene previsto actuar el próximo día 7 de mayo en un desahucio previsto en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), pero que confía en que el juzgado la suspenda.

"Stop Desahucios ya ha dado a la afectada un escrito con una serie de motivos, entre ellos la sentencia del Tribunal Europeo, que dice que el Estado español está incumpliendo con la legislación de protección al ciudadano como consumidor", ha concluido Saavedra.