El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, se amparó ayer en la autorización del Gobierno canario para seguir adelante con la construcción del nuevo vaso de vertido, pese a las denuncias de los vecinos y las advertencias realizadas por la Dirección General de Salud Pública en torno al impacto que tendría la cercanía de la instalación a las casas en la salud de los vecinos.
Bravo aseguró que seguirá adelante con la instalación de todos los proyectos previstos en el complejo medioambiental de Salto del Negro, incluido el nuevo vaso de vertido, porque la institución cuenta con "todos los permisos ambientales integrados del Gobierno de Canarias". "Estamos dentro de la absoluta normalidad y mientras ellos [el Gobierno] no cambien el criterio, estamos dentro de la legalidad", sostuvo el presidente insular, quien añadió que dar marcha atrás "sería algo verdaderamente tremendo, porque no olvidemos que nosotros no hemos puesto el vertedero allí por primera vez. Lleva veinte años allí y está en el Plan General de la ciudad, en el Plan Territorial del Cabildo".
Tras afirmar que respeta "todas las opiniones", Bravo de Laguna resaltó: "Mientras tengamos los permisos ambientales y las autorizaciones oportunas, vamos a continuar con nuestra competencia, que es el tratamiento de residuos en la Isla, que por primera vez se va a hacer de acuerdo con la legislación europea". En cuanto al técnico insular que advirtió de la proximidad de las viviendas, Bravo dijo que no cree que "informase sobre eso porque las competencias de Sanidad no las tiene el Cabildo".
