El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo en la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas, interrogó ayer durante más de dos horas a Manolo Morales, técnico adscrito al departamento de Residuos en el Cabildo de Gran Canaria. El representante del Ministerio Público citó como testigo al funcionario tras una denuncia presentada por la asociación de vecinos La Voz de Salto del Negro, cuyo presidente, Fidel García, acusa a los responsables de la institución insular de "prevaricar" al autorizar el uso del vertedero, pues el técnico "advirtió del despropósito" que "significaba plantear una instalación de este tipo a tan escasa distancia de un núcleo de población".

De hecho, mientras Ródenas preguntaba al funcionario sobre la tramitación de la declaración de impacto ambiental concedida, los vecinos interponían en el Cabildo otra denuncia, la sexta en lo que va de semana y dirigida en este caso a la consejera de Medio Ambiente, María del Mar Arévalo. "Usted conocía que las viviendas se encontraban a una distancia inferior a 150 metros de los límites del vaso de vertido y que esa información se había sesgado en el expediente de solicitud", le reprocha el colectivo vecinal, "lo sabía porque así se lo comunicaron los técnicos a los que usted solicitó que informaran las actuaciones en el emplazamiento propuesto por la empresa Cespa-Ayagaures", añaden.

Los denunciantes se refieren a Morales, el técnico que ayer compareció ante la Fiscalía y al que recurrió Arévalo para solicitar al Gobierno de Canarias el estudio de impacto ambiental, pues en ese momento la titular de Residuos, Elisa Monzón, se encontraba de baja por maternidad.

Sin embargo, Morales rechazó pronunciarse sobre el asunto y el expediente quedó paralizado hasta la reincorporación de Monzón, quien finalmente elevó la propuesta al Ejecutivo regional, cuyo departamento de Medio Ambiente otorgó el 19 de junio de 2012 el permiso para usar el nuevo vaso de vertido. Según los vecinos, el Cabildo omitió en ese proyecto información sobre la proximidad de las casas, alguna de las cuales se encuentran a menos de 150 metros.

Además, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias cuestionó en dos ocasiones la ausencia de datos sobre las viviendas cercanas al vaso de vertido, incluso recalcó que era importante realizar un estudio sobre el riesgo que esa actividad podría representar para la salud de los residentes en Salto del Negro.

Ese dictamen de Sanidad también ha servido a los denunciantes para acusar a la consejera de "mentir reiteradamente a los vecinos", pues no sólo "ha participado en la tramitación fraudulenta del expediente administrativo", sino que "ha mantenido los vertidos tras conocer el informe de Salud Pública", critican los denunciantes.

También exigen a Arévalo que "no espere por la verdad judicial" y cese la actividad del basurero para no seguir poniendo en peligro la salud de los lugareños.

Y es que esa verdad judicial tardará en llegar. El fiscal ha pedido a la Fiscalía General del Estado otros seis meses para cerrar unas diligencias en la que se investigan posibles delitos de prevaricación, medioambientales y de malversación, este último relacionado con una inversión millonaria de la UE en una planta de biogás que nunca se ha puesto en marcha.

Los propios vecinos reconocen en su denuncia la "gravedad" de las acusaciones vertidas contra la consejera de Medio Ambiente del Cabildo, tanto que invitan a María del Mar Arévalo a que emprenda acciones penales si considera que los denunciantes mienten en sus afirmaciones. "Presente mañana mismo una querella o váyase a su casa", le reta la asociación La Voz de Salto del Negro en el escrito. M. R.