La Fiscalía solicita la auditoría de Emalsa

La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha requerido a la empresa auditora Auren para que le remita a "la mayor brevedad posible" el informe que ha realizado sobre la gestión de Emalsa para proseguir con su investigación sobre presunta malversación de fondos y delito societario en la compañía mixta del agua. Emalsa aseguró ayer, al término de un largo y tenso consejo de administración de cuatro horas, que tras "una primera lectura" del informe de auditoría "no se desprenden ilegalidades" ni "quebranto patrimonial alguno" para la compañía. Las afirmaciones de la sociedad sobre la "legalidad" de las operaciones de los socios privados Saur y Valoriza contrasta con algunas recomendaciones de la auditoría que plantean extremar los controles tanto de la gestión cotidiana de la empresa de aguas como de las compras y la calidad de los servicios contratados.

La auditoría no fue entregada a los miembros del consejo, que tuvieron que conformarse con la lectura de un resumen del informe por parte de la directora general de la firma, Mercedes Pinto.

La fiscal delegada de Delitos Económicos, Eva Ríos, envió el pasado viernes un oficio al director de Auren, Juan José Cabrera, para que le aclarase si había concluido ya el informe y, "en caso positivo", le indicase en qué fecha. Cabrera comunicó a la fiscal -que ya exigió hace algo más de un mes el documento al alcalde Juan José Cardona- que el informe se remitiría el martes a la dirección de Emalsa. El propio Cardona aclaró, tras la reunión del consejo de administración, que hoy mismo le hará llegar un escrito a la directora de la compañía mixta, dándole cuenta de que el ministerio público le ha solicitado el informe para que se lo envíe cuanto antes.

El alcalde justificó la decisión de no entregar las casi 400 páginas de la auditoría hecha por Auren para proteger la "información sensible y estratégica" de la compañía e impedir que ésta "sea conocida por la competencia".

En la línea del comunicado enviado por Emalsa, Cardona destacó como primera conclusión del informe de auditoría que la compañía "no ha sufrido quebranto patrimonial como consecuencia de las relaciones" mercantiles de Saur y Valoriza con sus empresas asociadas o vinculadas durante los últimos cinco años que han sido sometidos a examen.

"Los precios abonados por la compañía por los servicios son precios de mercado y cumplen la legalidad", sostuvo el regidor, quien añadió que la auditoría "transmite confianza y disipa las posibles dudas que había acerca de los precios inflados". A juzgar por lo manifestado durante la rueda de prensa, el alcalde ha podido también disipar las sospechas que manifestó en más de una ocasión a lo largo de los últimos meses de que los socios privados habían estado "distrayendo" fondos en la empresa.

La auditoría tampoco ha encontrado, según manifestó el alcalde, ninguna irregularidad en el adelanto de 1,3 millones que Emalsa transfirió en 2010 a la empresa Sercanarias, propiedad de los socios privados, cantidad con la que se pagó la mitad de la opción de compra de la nave de Los Tarahales, que está siendo investigada por un juez francés, tras ser denunciada por el expresidente y socio de Saur Internacional, Joël Séché.

El alcalde y presidente del consejo de administración de Emalsa aseguró que "el anticipo era absolutamente legal y la auditoría lo ratifica". Cardona añadió que los auditores no entran a valorar el destino que Sercanarias le dio al anticipo. No obstante, el regidor planteó la necesidad de establecer un "procedimiento claro y objetivo que regule este tipo de anticipos para evitar operaciones que pongan en riesgo a la compañía". El alcalde señaló que, hoy por hoy, no permitiría un anticipo como el que se facilitó a Sercanarias.