Las obras de reforma de la Comisaría de la Policía Local en Santa Catalina ha creado malestar entre los agentes, no sólo porque se pretende introducir a 180 policías en un edificio habilitado en un principio para menos de un centenar, sino también porque la armería ha ido cambiando de lugar por las dependencias e instalándose en zonas que carecen de la seguridad apropiada, como denuncia el sindicato UGT, que teme que se repita el incidente acaecido en agosto de 2011 en la Jefatura de Miller Bajo cuando a un policía se le disparó el arma cuando la manipulaba en una zona común donde estaba el depósito e hirió a dos limpiadoras.

"El armero ha estado instalado primero en un pasillo, un lugar por el que diariamente pasan funcionarios, agentes, limpiadoras... personas que no deben estar cerca de él porque ahí guardan sus armas cerca de un centenar de policías", asegura José Antonio Alonso, portavoz de UGT en la Policía Local, que insiste en la necesidad de buscar una zona adecuada "porque los agentes deben de estar solos para poder manipular sus armas".

Y es que, según Alonso, los policías necesitan una sala única para la carga y descarga del arma, así como para el correcto uso de estas en el interior de las dependencias policiales. Estas acciones suponen en la actualidad un riesgo para terceras personas, primero porque, según UGT, el armero se instaló en uno de los pasillos al que accedían numerosas personas, y en la actualidad porque está en la sala de emisoras, a la que acuden varios agentes a recoger sus aparatos de comunicación y linternas, lo que puede motivar que se repita el incidente sucedido hace casi dos años.

Por ello, tanto UGT como el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han puesto en conocimiento de Inspección de Trabajo y Seguridad Social una denuncia contra el Consistorio capitalino porque consideran que en las obras existen numerosos riesgos, ya que, como recoge la denuncia, se realizan cuando los policías locales se encuentran en el interior de las dependencias.

Hacinamiento

Esta no es la única queja que han hecho llegar a Inspección de Trabajo. UGT y el Comité de Seguridad y Salud acusan al Ayuntamiento de pretender "encajar" a 180 agentes del cuerpo, 140 hombres y 40 mujeres, en una instalaciones preparadas para 75 trabajadores.

Además, consideran que se ha incurrido en varias irregularidades. "Señalar que en el emplazamiento de la obra no existe cartel facultativo que indique quienes son los responsables de la remodelación que se está efectuando, así como tampoco hay constancia del libro de visitas que es preceptivo que resida en el lugar mientras se ejecutan los trabajos", se indica en el escrito presentado.

Por todo ello, UGT y el Comité de Seguridad han solicitado la paralización preventiva de las obras hasta que se solucionen las presuntas defectos, además de pedir responsabilidades a políticos y responsables de los trabajos de remodelación.