La investigación penal sobre la gestión del vertedero situado en la capital grancanaria cobra un nuevo impulso. Varios técnicos de la Fiscalía de Medio Ambiente con sede en Madrid, en colaboración con la empresa pública Tragsa, realizan desde hoy una prueba estratigráfica para determinar si las filtraciones de residuos en Salto del Negro han contaminado el subsuelo en proporciones que comprometan el entorno natural y pongan en peligro la salud de los vecinos.

La pericial geológica, que consiste en hacer catas a diferentes niveles de profundidad para analizar las muestras en el Instituto Nacional de Toxicología, comienza hoy por orden del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y se extenderán hasta mañana. El magistrado titular, Javier García García-Sotoca, también ha citado para el jueves en calidad de imputados a tres técnicos municipales con responsabilidad en la gestión de residuos y vertidos. Se trata de las personas denunciadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas en junio de 2011, tras constatar vulneraciones graves de las normas sobre la gestión de la basura en Salto del Negro, que entonces era competencia del Ayuntamiento.

Así lo recogen los informes elaborados tanto por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) como por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). Ambos organismos comprobaron en sus inspecciones la existencia de un "incumplimiento reiterado" de cuatro normas relacionadas con el medio ambiente y los residuos. Entre esas irregularidades destacan la carencia de un sistema de impermeabilización, así como de canalización de aguas pluviales, recogida de lixiviados y captación de biogás. Además, el control de acceso al recinto es deficitario, pues no hay una cámara para verificar desde un monitor el contenido real de la carga que se deposita. Tampoco se tratan de manera adecuada los residuos, ya que se vierten de forma directa sin clasificar y luego se tapan con tierra, incluso los agentes hallaron en sus inspecciones aparatos electrónicos, residuos metálicos, neumáticos grandes y monitores que pueden se peligros.

Sin embargo, esas irregularidades son de carácter administrativo, pues no constituyen en sí mismas un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Para que eso ocurra, es necesario que se acredite la existencia de contaminación y de riesgo para salud de los vecinos. De ahí la prueba pericial reclamada por la Fiscalía.

La diligencia de investigación ha sido acordada ahora por el juez debido a las dificultades técnicas para ejecutarla. De hecho, el magistrado instructor, a petición del fiscal, ha tenido que remitir un oficio a Tragsa para que colabore con la maquinaria y los equipos de medición adecuados. El Seprona y los técnicos adscritos a la Fiscalía del Tribunal Supremo se encargarán de coordinar los trabajos, que consisten en realizar un estudio de caracterización ambiental para "evaluar los riesgos potenciales sobre el medio ambiente y la salud de las personas". Se harán varios sondeos para analizar los materiales encontrados en el vertedero, pues para la investigación es "esencial" determinar la profundidad a la que se encuentran y la naturaleza de los mismos, es decir, su contenido en materia orgánica, biodegradabilidad, generación de gases y toxicidad.

En paralelo, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas lleva otras pesquisas no judicializadas por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales. En ellas han declarado como testigos un técnico del Cabildo y otro del Gobierno regional por los nuevos permisos concedidos al vertedero.