Stop Desahucios de Gran Canaria denunció ayer la escasa "receptividad" que está teniendo el Colegio de Abogados de Las Palmas para asistir a las familias que estando en proceso de ejecución hipotecaria pueden alegar "cláusulas abusivas", tras la aprobación por el Gobierno español el pasado mayo de una ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (Ley 1/2013, de 14 de mayo), y cuyo plazo finaliza el próximo domingo, día 16. Así lo señaló ayer el representante de la plataforma, Iván Llamazares, durante la presentación en el Centro Cívico Suárez Naranjo de una guía de consejos para aquellas familias que no puedan hacer frente al pago de la hipoteca o estén ya en el proceso judicial conjuntamente con el concejal de Bienestar Social, Jaime Romero, en representación del Ayuntamiento.

Llamazares indicó que muchas familias estarán "indefensas" ya que los abogados no están lo suficientemente informados sobre dicha ley, que aprobó el gobierno español tras la sentencia del Tribunal Supremo Europeo de marzo en el que indicaba que España vulneraba la normativa europea al dejar desprotegidos a los ciudadanos en favor de los bancos.

"Se están negando además la asistencia gratuita a las familias", denunció Llamazares a pesar de que el Consejo General de la Abogacía Española ya ha advertido a los colegios profesionales de esta circunstancia. Las familias que se encuentren en proceso de ejecución hipotecaria deberán acudir a los juzgados con un abogado y un procurador antes del próximo domingo para que su caso pueda ser revisado. Pasado el plazo no podrán alegar nada.

Stop desahucios Gran Canaria, que asesora gratuitamente a las familias en el paseo de Chil, número, 3, indicó que gracias a la sentencia del Tribunal Europeo se han logrado parar 38 procesos en la ciudad cuando en dos años solo consiguieron frenar siete. "El 99% de las hipotecas tiene cláusulas abusivas", subrayó Llamazares.

En la actualidad, Stop Desahucios Gran Canaria asesora a cerca de 50 familias y advierten de que cada vez se están presentando con más frecuencia casos de desahucios de familias en alquiler.

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó ayer, durante la presentación de su informe La Justicia dato a dato (Más información en la página 23) , que en el 2012 los jueces acordaron un total de 43.858 lanzamientos por ejecuciones hipotecarias en toda España. Es decir, desahucios por impago de la hipoteca. En el informe se advierte, sin embargo, que la cifra no se refiere a familias sino también a empresas o segundas residencias.

Para hacer una estimación sobre el número de familias que han perdido su residencia, el CGPJ ha recurrido al Colegio de Registradores y del Banco de España, los cuales han registrado entre 49.000 y 32.000 viviendas habituales desalojadas por incumplimiento de hipoteca. Entre 11.000 y 14.000 las daciones en pago.