Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria criticaron ayer la gestión del Partido Popular en el caso de los floteros. Los portavoces de los distintos partidos coincidieron en destacar que el grupo de gobierno no ha hecho su trabajo para poner en orden la situación del sector y tacharon de "vergonzoso" que haya sido la Agencia Tributaria la que ha destapado los presuntos fraudes tras ayudar en una investigación iniciada por la Fiscalía después de que el presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, lo denunciase en 2012.
El portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, resaltó ayer que "no es para estar orgulloso" que haya sido la Agencia Tributaria la que haya dado el primer paso para acabar con un escándalo "que se conoce desde hace años" y que "el PP ha ignorado". Para Quevedo, "esto ha sido toda una cachetada sin manos al grupo de gobierno".
La edil del grupo socialista en la corporación municipal, Isabel Mena, afirmó que "durante estos dos años de mandato del PP, ni Cardona ni Sabroso han llevado a cabo una sola iniciativa administrativa para atajar el grave problema que afecta al sector del taxi en el municipio por culpa del fenómeno de los floteros". De hecho, recordó que "en 2010 el Ayuntamiento abrió alrededor de 70 expedientes administrativos contra estas personas" y resaltó que "han estado paralizados dos años".
La respuesta de la presidenta de Compromiso por Gran Canaria, Nardy Barrios, ha sido igual de feroz contra la gestión del PP. "El actual Reglamento del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria no permite que una persona sea titular de varias licencias", señaló tras conocer que, por ejemplo y según la investigación que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, sólo uno de los floteros tendría arrendadas más de 60 licencias.
La concejala, además, hizo hincapié en las malas condiciones de trabajo en las que estos conductores de taxi desarrollan su labor. "El Ayuntamiento ha permitido que una sola persona tenga decenas de taxis, gestionándoselos a jubilados y viudas y contratando asalariados que percibían en el mejor de los casos 400 euros al mes, malviviendo con estos escasos ingresos, mientras el flotero se enriquecía a costa del jubilado y del asalariado."
Los tres miembros de la oposición coincidieron al solicitar a la Corporación que tramite "de una vez la nueva ordenanza del taxi en la ciudad".
En el pleno del mes de abril, en que participaron las asociaciones de asalariados, "se acordó por unanimidad analizar la viabilidad legal para que la nueva ordenanza adjudicase cada licencia de taxi a una sola persona física, con dedicación plena y dado de alta como autónomo, así como la regulación del sistema de días de descanso, después de un debate y consenso con los titulares de las licencias de taxis y trabajadores del taxi", destacó Mena.
