La jueza imputa delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales a siete 'floteros'

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, dejó ayer en libertad al único flotero que ha pasado a disposición judicial. La magistrada le ha imputado a él y a otros seis detenidos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y contra los derechos de los trabajadores, según confirmaron fuentes judiciales. El conductor deberá comparecer cada mes en el juzgado. El resto de los floteros detenidos fueron puestos en libertad tras ser interrogados en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. La jueza los llamará a declarar después del verano.

La única persona que ha comparecido en sede judicial por su presunta relación con la gestión irregular de licencias de taxis y fraude fiscal responde a las iniciales de J. G. A. El flotero se presentó ante la instructora tras negarse a prestar declaración ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. No así las otras seis personas apresadas el martes en la operación contra veinte floteros del taxi por un presunto delito de fraude fiscal que se saldó con siete detenidos. Las personas apresadas habrían defraudado al fisco un mínimo de 120.000 euros al año, cantidad mínima para que su actuación sea investigada por la vía penal.

En los próximos meses, cuando los resultados de la información contable recopilada en las casas, gestorías y cooperativas registradas esté a disposición de la jueza, los floteros serán llamados a declarar. Se da el caso, según confirmaron fuentes judiciales, que J. G. A. finalmente no fue interrogado en el juzgado porque su abogada, María Rosa Díaz Bertrana Marrero, solicitó retrasar la comparecencia para estudiar primero el sumario.

Investigación de Hacienda

Los restantes 13 floteros investigados se enfrentan ahora a una indagación paralela de la Agencia Tributaria por presunta infracción contra la hacienda pública. Pese a que este grupo no está siendo investigado por la vía penal, las repercusiones en el sector son igual de importantes puesto que el Ayuntamiento podría retirarles sus licencias si se demuestran los hechos.

Durante el operativo de entrada y registro que se llevó a cabo el martes, los agentes se incautaron de grandes cantidades de dinero. Fuentes judiciales confirmaron ayer que los 140.000 euros en metálico que se hallaron dentro de un sobre se encontraron en la casa de M. G. Según los detalles de la investigación, solo cuatro floteros gestionaban, de manera irregular, más de 150 licencias de taxi.