El Ayuntamiento de la capital grancanaria esperará al dictamen del Juzgado de Instrucción número ocho para resolver los expedientes sancionadores abiertos a 192 taxistas por haber arrendado presuntamente sus licencias a floteros. Así lo aseguró ayer el alcalde Juan José Cardona, que además aprovechó para eludir cualquier responsabilidad sobre los errores cometidos en la tramitación de los expedientes sancionadores, algunos de los cuales han sido enviados a autónomos del taxi que ejercen su actividad legalmente y nunca han cedido sus licencias a floteros. El regidor achacó los posibles errores a los datos que le envió, según él, el Juzgado de Instrucción número ocho, cuya titular, Victoria Rosell, ha imputado a siete floteros por delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y contra los derechos de los trabajadores. Cardona aseguró que "el Ayuntamiento está actuando" en la incoación de los expedientes, "de acuerdo con la información recibida del Juzgado, que nos ha hecho llegar una relación de licencia y una documentación que hemos tomado como referencia". Admitió que se pueden haber producido errores, pero sostuvo que las sanciones no se aplicarán en todos aquellos casos en los que se compruebe que "la licencias no han sido objeto de tráfico mercantil ilegal. Es evidente que esos titulares de licencias no tienen nada que temer", sostuvo. "No es que yo pretenda trasladar la responsabilidad al juzgado, pero nosotros incoamos los expedientes en función de la información recibida".
El máximo responsable de la ciudad resaltó que los expedientes, que llevan aparejados multas de hasta 6.000 euros y la revocación de las licencias, no se resolverán hasta que la juez dicte sentencia y se "aclaren las responsabilidades penales que investiga".
