La Autoridad Portuaria busca una solución a la crisis institucional y económica de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) para que ninguno de los socios -La Luz, Luz Market y Opcsa- acuda a la Justicia y, en caso de hacerlo, tenga el menor coste posible para la entidad portuaria, que tiene derecho a veto en el consejo de administración de la sociedad de la estiba. Así lo indicó, ayer, el director de la Autoridad Portuaria, José Miguel Pintado, quien insistió en que la actividad de carga y descarga en el puerto "funciona con normalidad" y que no hay "desgobierno" en la Sagep.

Pintado aseguró que el presidente de la Autoridad Portuaria, que regresará la próxima semana de Corea del Sur, donde ha participado junto a las empresas de reparación naval en el World Ocean Forum, se entrevistará con el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, para buscar una solución al conflicto que vive la sociedad desde la pasada semana y en la que La Luz y La Luz Market se aliaron contra Opcsa, socio mayoritario, para cesar al consejo de administración.

"Quien tiene que tomar una decisión es el presidente de la Autoridad Portuaria. Esto es un asunto que no es responsabilidad de Puertos del Estado, aunque dada su magnitud, el presidente de la Autoridad Portuaria quiere consultar", puntualizó José Miguel Pintado.

Derecho a veto

La Sagep, constituida tras la liberalización de la estiba por la Ley de Puertos y Marina Mercante de 2010, arrastra una importante deuda económica que no puede ser sufragada por la Autoridad Portuaria a pesar de que ésta cuenta con un consejero en la junta de accionistas con derecho a veto.

Una de las fórmulas barajadas para hacer frente a ese déficit, que algunos asocian a la falta aún de una reestructuración de personal, es la entrada de un nuevo socio. Una opción contemplada por la Autoridad Portuaria, y a la que se opusieron la pasada semana La Luz y Luz Market.

Pintado reconoció que la solución al conflicto institucional "está difícil" y que la decisión tiene que ser muy "sopesada" para que el asunto no se judicialice por lo que es normal que se consulte a Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento y que ya ha recibido varios informes de la Autoridad Portuaria sobre la situación económica que arrastra la sociedad.

"En una primera lectura, Puertos del Estado dijo que era un problema de una guerra societaria pero al tratarse de una sociedad en dominio público, en el que intervienen otro tipo de transportes, la ley prevé que la Autoridad Portuaria puede actuar de árbitro si las decisiones de la junta pueden afectar a otros accionistas", explicó.

Este periódico trató ayer de conocer qué soluciones ofrecía Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria para resolver el conflicto pero sin éxito.

Pintado añadió que la cuestión estriba en decidir de qué lado decantarse para que el asunto no se judicialice por algunas de las partes y que, en caso de llegar a la Justicia, que las recompensas económicas que haya que sufragar sean las menos costosas para la entidad.