Las Palmas de Gran Canaria inaugura hoy de manera oficial su ciudad judicial, un edificio que costó 122 millones y cuya reivindicación comenzó en 2002, cuando todos los colectivos con intereses en el sector se unieron para arrancar del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias el compromiso institucional de ejecutar el proyecto, con el objetivo principal de concentrar servicios y acabar con la dispersión de las 15 sedes, además de mejorar y modernizar el funcionamiento de la administración de justicia en la capital grancanaria.

El inmueble, que comenzó a construirse en 2006, está diseñado sobre una parcela de 12.886 metros cuadrados con una superficie total edificada de 89.677,47 metros (64.732 sobre rasante y 24.945 bajo ella), así como 10.908 metros cuadrados en espacios libres y plazas exteriores.

Los arquitectos José Antonio Sosa Díaz Saavedra, María Luisa González García y Miguel Santiago Peña planificaron el recinto como una ciudad judicial, con varias zonas comunes y cuatro torres de comunicación vertical que albergan toda la actividad judicial de la capital: una de ocho plantas, (Jurisdicción Penal), otra de cinco (Audiencia Provincial), una de siete (Jurisdicción Civil) y otra de seis plantas (Jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativa).

Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) es el único órgano que conserva su emplazamiento actual en la Plaza de San Agustín, muy cerca de la Vega de San José, que es donde un centenar de autoridades civiles y judiciales asistirán hoy al estreno oficial del nuevo palacio, entre ellas el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien, como dato curioso, se estrena en un acto oficial fuera de Madrid, tras tomar posesión de sus cargos el pasado mes de diciembre.

Lesmes se reunirá con la Sala de Gobierno del TSJC por la mañana y después, acompañado por el presidente del tribunal canario, José Ramón Navarro Miranda, se desplazará con el resto de magistrados a la Vega de San José para conocer las nuevas instalaciones y participar en la inauguración. También está previsto que intervengan en breves discursos el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona.

El inmueble ha sido construido por la unión temporal de empresas (UTE) formada por FCC Construcciones S. A. y Hermanos Santana Cazorla S. L. Arrancó con un presupuesto inicial de 72 millones de euros, pero dos cambios en el proyecto original y los problemas con la cimentación dispararon el sobrecoste del edificio hasta los 122 millones.

El Gobierno de Canarias, que asumió la financiación de la construcción de manera directa, dio por terminado el palacio de Justicia el año pasado, tres años después del plazo de finalización previsto. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, la describió entonces como una obra faraónica, la más importante ejecutada en el ámbito judicial del Archipiélago, tanto por la modernidad de sus instalaciones como por las dimensiones del edificio, unas condiciones que lo sitúan a la cabeza de España en infraestructuras públicas de ese tipo. Valencia estrenó hace más de diez años un recinto de similares características, aunque más grande, y Barcelona también dispone de unos juzgados con todos los servicios integrados.

La Ciudad Judicial comenzó a funcionar parcialmente a finales de octubre con la celebración de los primeros juicios en los juzgados de lo Social. Luego se trasladó la jurisdicción de lo Contencioso Admistrativo, la Civil y la Penal. La semana que viene comenzará con la mudanza de los ocho juzgados de instrucción de Granadera Canaria, para después seguir con las instalaciones de la Fiscalía y la Audiencia Provincial. Esto supondrá un ahorro de 2.149.422 euros, que es lo que el Gobierno pagaba al año por el arrendamiento de las sedes judiciales.

El nuevo edificio cubre las expectativas de crecimiento para los próximos 60 años, pues al final de la mudanza estará ocupado al 80 % y tendrá capacidad para acoger otros 30 juzgados. En la actualidad existen 54.